"No hay voluntad de aprobar una norma autonómica contra los ahogamientos"

Han sido cinco las víctimas mortales por ahogamiento en la Comunitat Valenciana durante el pasado fin de semana. Dos jornadas trágicas, que elevan el registro total de fallecimientos a 23 desde el mes de mayo, cuando arrancó la actual temporada de verano, y a 35 en el conjunto de todo el año. De hecho, las cifras recopiladas por el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), el único recuento oficial que mide este tipo de incidencias, y que cada año publica la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), recogen que la cifra ha superado los 500 decesos en la autonomía durante la última década.

La Comunitat Valenciana supera las 500 muertes por ahogamiento en diez años

El pasado año se cerró con 46 casos, solo 12 menos de los registrados hasta ahora este año; unos datos con los que la valenciana se situó entre las cinco autonomías con mayor número de casos. El peor registro histórico se alcanzó en los años 2017 y 2022, cuando se registraron un total de 67 fallecimientos.

Sin una norma común

Ante estos preocupantes datos, la Federación de Salvamento y Socorrismo vuelve a demandar un decreto autonómico para garantizar la seguridad en las playas con una normativa homologada y común de norte a sur de la Comunitat Valenciana. "Ha pasado otro año sin esta norma y ya hemos perdido el verano -, lamenta el responsable de formación de la entidad, Salvador Perelló-. En esta comunidad no hay voluntad de legislar al respecto, es algo inaudito". Existe un decreto aprobado en el año 2019, hace cinco años, pero "totalmente vacío de contenido" porque no incluye horarios de vigilancia o la formación mínima para ejercer de socorristas. "Tengo un compañero en la playa que ejercer con un curso online de 10 horas", critica.

La demanda tiene cierto sentido porque, por el momento, el control de la seguridad en costas y ríos es competencia de cada uno de los consistorios locales. Por tanto, las recomendaciones y normativas, así como la contratación del personal de salvamento y socorrismo, tienes sus particularidades en cada uno de los términos municipales; también sus limitaciones, dependiendo del presupuesto destinado por cada ayuntamiento, bien por capacidad económica, bien por voluntad. Otras autonomías -Baleares, Canarias o Galicia- tienen en vigor una normativa que sí regula la presencia de personal de vigilancia y seguridad en la costa. Lo hace teniendo en cuenta las características y necesidades de cada uno de los puntos del litoral.

El simulacro del protocolo ante un posible ahogamiento

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Desde Emergencias de la Generalitat Valenciana, insisten en trasladar la responsabilidad "en materia de seguridad" a la administración local. "No tenemos competencia -, inciden-. Solo podemos hacer recomendaciones". Falta por ver si, ante el ascenso significativo de los casos en las últimas semanas, la nueva consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien ha heredado la cartera de Elisa Núñez tras la salida de Vox del Consell, decide comenzar el desarrollo de una normativa autonómica, que unifique criterios en esta materia.

Imprudencia ciudadana

La aprobación de un decreto autonómico no es la única reivindicación de la Federación de Salvamento y Socorrismo. También exigen mayor formación e información preventiva a los bañistas y una regulación y profesionalización de los socorristas, para que todos estén preparados con base en los mismos criterios y la misma exigencia. Existe un decreto aprobado en el año 2019, hace cinco años, pero "totalmente vacío de contenido".

Uno de cada cuatro ahogados en playas o piscinas desde mayo es un menor

En cuanto a la información a los bañistas, la conselleria de Sanidad presentó a principios de julio su campaña de concienciación frente a los ahogamientos que pone el foco en los menores de cuatro años y en la importancia de no nadar nunca en solitario. De hecho, la cifra de 21 fallecidos desde el inicio de la campaña de verano -es decir, desde mayo y hasta el 5 de julio-, se han registrado 38 ahogamientos, 18 de los cuales no pudieron salvarse. A ellos hay que sumar las cinco personas fallecidas durante el pasado fin de semana. "Esto llega tarde -, reconoce Perelló- porque debería empezarse con mayor antelación". De hecho, destaca la irresponsabilidad de la ciudadanía: "No te puedes imaginar las barbaridades que hace la gente", concluye.

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