UCIN ratifica la solidez del gobierno alzireño frente al "chantaje" del PP

Montalvá atribuye a un intento «de extorsión» las irregularidades del contrato de su asesor con el objetivo de que rompa el gobierno y haga alcalde a Palacios

Compromís y PSPV alegan que ignoraban el doble trabajo de Pelayo y defienden que depende de UCIN

UCIN contraataca al PP acusándole de "extorsionarle"

Agustí Perales Iborra

Alzira 12 JUL 2024 20:22 Actualizada 12 JUL 2024 20:39

Aunque ya ha transcurrido una semana desde que se destapó el caso y los asesores jurídicos del consistorio han sido incapaces de resolver las dudas sobre la legalidad del contrato y las funciones que desarrolla Antonio Pelayo, exsecretario general del PP de Alzira y actual dirigente de UCIN, el líder de este grupo independiente, Enrique Montalvá, tiene muy claras las conclusiones y sobre todo las intenciones: no hay nada irregular y todo obedece, según él, al último intento de «extorsión» activado por el Partido Popular para vencer la resistencia de UCIN a abandonar el ejecutivo local, en el que comparte protagonismo con Compromís y el PSPV, para propiciar un gobierno alternativo junto a los populares, Ciudadanos y VOX.

El máximo responsable del grupo independiente nacido de una escisión del PP y VOX desveló ayer que hace cinco meses ya fue advertido por Palacios del riesgo que corría si no abandonaba el gobierno municipal para preparar una moción de censura que habilitara una mayoría de centro-derecha de la que también formarían parte Ciudadanos y VOX. Según su relato, de no cumplir ese objetivo trasladaría las irregularidades del contrato de Pelayo a la Inspección laboral y a la Fiscalía. «Y lo ha cumplido», alegó antes de añadir que esta semana también ha sido «invitado» a negociar con el presidente provincial del PP, Vicent Mompó. Y su respuesta fue concluyente: «El pacto está muy sólido y no vamos a ceder», proclamó.

Imagen de la rueda de prensa ofrecida por el gobierno alzireño. / Agustí Perales Iborra

Montalvá compareció en una rueda de prensa junto a sus socios nacionalistas y socialistas para anunciar que los servicios jurídicos del ayuntamiento todavía no han concluido el informe sobre la legalidad del contrato de Pelayo, que compatibiliza su puesto de asesor municipal con un trabajo privado cuyo horario coincide plenamente con el del ayuntamiento. El alcalde, Alfons Domínguez, reiteró que si se demuestra alguna irregularidad «se actuará en consecuencia» para que se cumpla escrupulosamente la legalidad.

"Falta de información"

Tanto el primer edil como la socialista Gemma Alós defendieron que su gobierno otorgó a Pelayo los mismos criterios que se aplican «desde hace treinta años» y se parapetaron tras su «desconocimiento y la falta de información» sobre la actividad privada y el horario laboral que desarrolla en la casa consistorial, donde se le ve poco pese a estar contratado como asesor. Montalvá reivindicó con ahínco la labor de su colaborador: «Es muy trabajador, siempre está buscando mejoras, ayuda a gestionar las áreas asignadas a UCIN y prepara proyectos hasta las once de la noche o más».

Nadie supo explicar dónde estaba ayer el protagonista de la polémica. Domínguez y Alós fueron taxativos al aclarar que la tarea de control sobre los asesores corresponde a los grupos políticos a los que están asignados. «Desde el momento en que toman posesión, la alcaldía pierde el control sobre ellos», enfatizó la dirigente socialista, que también resaltó que el trabajo de los asesores es muy sufrido y suele desarrollarse fuera de los horarios convencionales.