La urbanizadora ve razones políticas y no técnicas para anular el PAI Torrejó

La empresa que iba a construir el barrio bioclimáticas descarta que se suspenda por razones económicas cuando «no le costaría ni un euro al ayuntamiento»

Terrenos del Torrejó detrás de la sede de la Policía Local.

Terrenos del Torrejó detrás de la sede de la Policía Local. / Agustí Perales Iborra

Rubén Sebastián

Rubén Sebastián

La empresa que aspiraba a urbanizar el barrio del Torrejó de Alzira, en el que estaba prevista la construcción de trescientas viviendas bioclimáticas, reclamará al ayuntamiento la documentación relacionada con el proceso de licitación de la alternativa jurídico-económica, que se alargó durante más de un año. Palinuro 2000 ya había exigido al consistorio, previamente, una indemnización superior a los dos millones de euros. Responsables de la mercantil consideran que el descarte de la única opción que se presentó al concurso público responde a criterios políticos y no técnicos, como alega el gobierno municipal.

Fuentes de la empresa consultadas por Levante-EMV ven «numerosas incongruencias» en un proceso que el anterior gobierno impulsó, haciendo uso incluso de plenos municipales de urgencia, y que se paralizó a las puertas de las elecciones municipales. «Si pasados diez días la mesa no resolvía, la ley dice que somos los urbanizadores, pero más de un año después se resuelve de forma negativa por unos informes que dicen que no cumplimos las bases, cosa que nos resulta difícil de creer, y por temas económicos, lo que es aún más increíble», indican.

Por ello, la mercantil ampliará su reclamación contra el consistorio. Previamente, como ya adelantó este periódico, se solicitó el pago de 2,3 millones de euros para satisfacer el trabajo realizado y el lucro cesante derivado de lo que, en su momento, solo era un retraso, pues todavía no se había cerrado el proceso administrativo. 

La urbanización del Torrejó lleva atascada más de treinta años.

La urbanización del Torrejó lleva atascada más de treinta años. / Agustí Perales Iborra

Un informe dado por hecho

Ahora, la empresa solicita al consistorio también que justifique la no adjudicación del proyecto urbanizador. «Si el problema es el dinero, como dicen, nos parece incomprensible. El precio viene fijado en las bases del programa que lanza el propio ayuntamiento, porque es lo que figura en el Plan General», argumentan las mismas fuentes, que añaden: «No tiene ningún sentido paralizar el proceso para solicitar un informe económico que se da por hecho que debía existir en el momento en el que se pone en marcha el procedimiento. Además, da la sensación de que esos documentos que solicitan están hechos ‘ad hoc’, por eso queremos que nos los faciliten».

Asimismo, la mercantil sostiene que el «coste real de la urbanización para el ayuntamiento habría sido de cero euros». «Es una lástima que nunca se hayan querido reunir con nosotros, ha faltado interlocución, porque les habríamos explicado cualquier duda. No entendemos que les preocupara la cuestión financiera cuando teníamos apalabrado todo con una entidad bancaria, el proyecto contaba con ayudas autonómicas y, como refleja el plan de viabilidad económica que preparamos, el propio alquiler de las viviendas habría pagado la operación y en veinte años el ayuntamiento habría tenido trescientas viviendas bioclimáticas en su patrimonio que ya estarían amortizadas», detalla al respecto.

Contradicciones

Por último, los responsables de la empresa afean al gobierno municipal que se desdiga, ya que «en una misma frase dicen que es inviable y que quieren desarrollar el Torrejó porque es necesario». Sobre esta cuestión, lamentan que se renuncie a «integrar en el casco urbano y adecentar un barrio degrado, mejorar la conexión con el hospital, disponer de suelo público para los proyectos que se consideren oportunos o a regularizar la situación del retén de policía, que está fuera de ordenación».

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