La Generalitat debería recortar 1.500 millones del presupuesto para cumplir con la ley de estabilidad

Las reglas fiscales han vuelto a la Unión Europea tras tres años suspendidas por la pandemia de la covid. Era un retorno anunciado y que el nuevo Consell asegura tenerlo en mente desde el inicio del ejercicio y también en el diseño de los próximos presupuestos. Pero eso no significa que las nuevas exigencias que Bruselas impone a los países miembro y estos, a su vez, a los diferentes niveles de la administración, no estén generando quebraderos de cabeza en el gobierno valenciano. Para cumplir con una de esas normas que regresan, la del límite de gasto, la Generalitat debería recortar unos 1.500 millones de euros del actual presupuesto.

La situación es especialmente compleja para la Comunitat Valenciana, que debe cumplir con los objetivos de estabilidad como el resto de territorios pese a la crónica infrafinanciación que recibe del Estado y que se traduce en unos ingresos por habitante muy por debajo de la media. Pese a ese déficit de recursos para financiar los servicios públicos y un gasto público al alza, el Ejecutivo de Carlos Mazón no ha renunciado a las rebajas de impuestos, en contra de la opinión de los expertos.

La Airef urge al Gobierno a actuar ante el riesgo de que la Generalitat triplique el límite de gasto

El último aviso de las curvas que se avecinan lo dio este miércoles la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), al recomendar al Gobierno llamar al orden a todas las comunidades autónomas ante la previsión de que todas ellas superen el límite de gasto comprometido por el Estado ante la UE. El toque de atención es global, pero en el caso valenciano se reprochan esas rebajas fiscales, que provocan la mayor caída de la recaudación de todo el país, casi 500 millones.

Frenar el gasto en 1.000 millones

El límite de gasto para las comunidades en 2024 se sitúa en el 2,6 %. Es decir, que no pueden incrementar sus pagos respecto al ejercicio anterior por encima de ese porcentaje o de lo contrario se exponen a duras sanciones en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Sin embargo, la previsión de la autoridad fiscal es que se dispare un 7,5 % en la Comunitat Valenciana, casi el triple. Esto a su vez elevaría el déficit a cierre de año al -1,9 % del PIB.

Esto implica que habría que recortar más de 1.000 millones para cumplir. El gasto primario neto de la Generalitat en 2023, según datos oficiales recogidos en la web del Ministerio de Hacienda, fue de 20.935 millones de euros. Aplicando la tasa límite de incremento, del 2,6 %, que marca el Gobierno, supondrían 544 millones más de gasto en este 2024. Pero la Airef prevé que el aumento del gasto en la C. Valenciana alcance el 7,5 %, unos 1.570 millones. Esa diferencia de 1.026 millones sería el gasto a recortar para cumplir con la normativa.

Castigo a las rebajas fiscales

Además, el artículo 12 de esa misma ley orgánica señala que "cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación", como es el caso de la Generalitat, "el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente". Es decir, que las modificaciones fiscales tiene un efecto espejo en la regla de gasto: si elevan la recaudación sube el límite en idéntica cuantía y si la reducen, cae al mismo nivel.

Puesto que las rebajas de impuestos, según la Airef, van a aminorar la recaudación en 495 millones, la regla de gasto de la C. Valenciana se reducirá en la misma medida. Sumando ambas cantidades, el ajuste requerido para cumplir la ley asciende a 1.521 millones de euros.

El actual modelo de financiación cuesta ya 37.000 millones a la C. Valenciana

La Generalitat reaccionó este miércoles tras el informe de la Airef achacando la situación a los agravios del sistema de financiación y cerrando la puerta a recortes presupuestarios que "maltraten" a los valencianos al empeorar los servicios públicos. Además, en la Conselleria de Hacienda insisten en la necesidad de que el Gobierno conceda objetivos diferenciados de déficit y gasto en función de esas desigualdades que se arrastran por las distorsiones del modelo de reparto. Pero si el Gobierno da el paso que pide la Airef y activa el protocolo contemplado en la LOEPSF, los ajustes pueden ser inevitables.

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