La Airef urge al Gobierno a actuar ante el riesgo de que la Generalitat triplique el límite de gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recomienda al Gobierno que vigile de cerca a la Generalitat ante el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en este 2024. El organismo ha emitido este miércoles un informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2024 de todas las autonomías y alerta de que la valenciana va camino de casi triplicar el límite de gasto que vuelve a imponer ahora la Unión Europea a sus países miembro. Detecta el mismo problema en todas las autonomías. Estado y comunidades lo tienen fijado en el 2,6 % para este año y la Airef prevé que en el caso valenciano llegará al 7,5 %.

Desde la Conselleria de Hacienda descartan recortes. Aseguran que el Consell «no está dispuesto» a que la infrafinanciación valenciana, a la que atribuyen el toque de atención de la Airef, «maltrate a los ciudadanos con peores servicios públicos». Además, remarcan que el aviso es a todos los territorios, lo que «evidencia las insuficiencias» del modelo tanto globales como las relativas. Igualmente, subrayan la necesidad, también defendida por la propia autoridad fiscal, de imponer objetivos de estabilidad diferenciados a los territorios en función de la financiación que reciben del sistema. E insisten en la «urgencia» de la reforma.

La Airef "sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto" de la Comunitat Valenciana, como ya lo hizo en su informe de abril, pese a los argumentos aportados por el Consell, más optimistas y que estiman el crecimiento de los desembolsos algo por debajo, en el 5,9 %.

Rebajas de impuestos

El organismo que preside Cristina Herrero remarca que el incremento se ve "muy afectado" por el "impacto recaudatorio estimado para 2024 de las rebajas fiscales adoptadas", que cifra en 500 millones de euros. Aunque el aviso de la Airef es a múltiples autonomías, la C. Valenciana es el territorio que renuncia a mayores ingresos por esas rebajas fiscales en este ejercicio.

Más de la mitad de la caída es por la modificación de IRPF del Botànic (270 millones), mientras la supresión de Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de Carlos Mazón —que al ser tributos de gestión propia tiene efecto inmediato— reduce la recaudación en 230 millones. La rebaja de IRPF del popular, alerta la Airef, se sentirá a partir del año que viene y será de unos 180 millones.

Fuentes del PSPV recordaban ayer el diferente espíritu de ambas rebajas: mientras la de Ximo Puig afectó a rentas de hasta 60.000 euros (1,3 millones de contribuyentes), la de Mazón «solo aplica a 26.000 personas».

Como consecuencia, la autoridad fiscal insta al Ministerio de Hacienda a "activar las medidas preventivas recogidas en el artículo 19 de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)" y vigilar activamente el gasto de la Generalitat. El objetivo de la norma es asegurar que los desembolsos comprometidos van acordes a los ingresos para garantizar la sostenibilidad financiera.

Posibles sanciones

El artículo 19 de la LOEPSF señala que "en caso de apreciar un riesgo de incumplimiento" de los objetivos de estabilidad, deuda o gasto, como es el caso, "el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma". Lanzado el aviso, el Gobierno dará cuenta del reproche al Consejo de Política Fiscal y Financiera, añade la norma.

Una vez efectuado ese primer movimiento, la Generalitat dispone de un mes de plazo para "adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo", en este caso superar el límite de gasto. Algo que, según la Airef, de consumarse en los términos previstos implicaría "un deterioro de las finanzas públicas a medio plazo" y obligaría a acometer "ajustes más exigentes" en años venideros, por situar el punto de partida en un nivel superior en el contexto de vuelta de las reglas fiscales.

La ley también contempla que la administración cuestionada no actúe o que su respuesta sea considerada "insuficiente" por el Gobierno. En ese caso, "se aplicarán medidas correctivas" previstas en otros artículos de la LOEPSF. Estas van desde la obligación de elaborar un plan económico financiero hasta una intervención 'blanda' de la Generalitat, en la que el Estado tendría que autorizar toda operación de endeudamiento o de subvenciones hasta la aplicación de medidas correctoras.

De persistir la inacción de la administración llamada al orden, la ley endurece las actuaciones que puede tomar el Gobierno y habla de "medidas coercitivas". Así, para asegurar el cumplimiento del objetivo, en este caso el límite de gasto, la norma autoriza en última instancia al Estado a bloquear y retener los créditos de dicho gobierno.

Además, la Generalitat debería "detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido". Si pasados tres meses no se adoptan cambios, el Gobierno "podrá acordar el envío de una comisión de expertos" que asuman las modificaciones pertinentes, que serán "de obligado cumplimiento". Es decir, una intervención dura.

Déficit y deuda

El escenario que dibuja la Airef de las finanzas de la Generalitat no es mucho más halagüeño respecto al déficit y la deuda. La entidad prevé que el déficit se sitúe en el -1,9 % del PIB a fin de año frente al -0,1 % que defiende el Consell. Incluso en el caso de cumplir con la regla de gasto (lo que se antoja muy difícil sin aplicar recortes), la Airef estima que quedaría en el -1,2 %. El tope para este año está fijado en el -0,1 %.

La evolución de la deuda pinta algo mejor. La Airef prevé que se sitúe en el 42,1 % a fin de año frente al 42,2 % de 2023. Una leve reducción que en todo caso, la entidad atribuye al efecto del crecimiento del PIB.

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