El sobrino del anciano muerto en Cullera: "El párroco y la cuidadora lo tenían planeado"

El familiar de José Félix Cirujeda asegura que el párroco investigado estaba presente cuando contrataron a la cuidadora 

Testimonio del sobrino del anciano de Cullera por cuya muerte son investigados un párroco y la cuidadora

Ignacio Cabanes

Con un simple y escueto mensaje de wasap: «Pepe ha muerto, mañana es el funeral». Así le comunicó la cuidadora investigada al sobrino de José Félix Cirujeda la muerte de su tío de 91 años, a quien había estado cuidando hasta que, debido a su edad –él tiene 75– y a las necesidades de atención que requería el nonagenario las 24 horas, decidió buscar, a través del párroco, los servicios de esta mujer dos meses antes de su fallecimiento. «Maldita la hora que le pedí ayuda al cura», se lamenta Juanjo Pinto, el familiar que denunció en octubre de 2023 la extraña muerte de su tío y los movimientos realizados por ambos para apoderarse de su herencia. Fruto de esta denuncia y de una ardua investigación de la Guardia Civil de Cullera, tanto la cuidadora de 62 años como el párroco, de 59, están investigados por los delitos de homicidio y extorsión, como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV.

Ayudante de Pertegaz

José Félix Cirujeda, que había trabajado como diseñador siendo durante años mano derecha del conocido modista Manuel Pertegaz, decidió regresar a su València natal tras su jubilación y vivía solo en un apartamento a pocos pasos de la playa de Cullera. Pese a los achaques y enfermedades propias de la edad (cataratas, hiperglucemia, diabetes, hipertensión, dispepsia, entre otras) hacía una vida normal. «Se apañaba bastante bien, salía a comprar, a pasear al perro, regaba sus plantas, ...», relata su sobrino, que tres o cuatro noches a la semana se quedaba con él por si necesitaba algo. «Me quedaba a dormir en una mecedora, pero después de varios meses llegó un momento que ya no podía cuidarlo solo», reconoce.

Como su tío era religioso y feligrés de la parroquia de San Antonio de Abad de Cullera, acudió al cura ahora investigado, quien a los pocos días le presentó a la coinvestigada, que según él había realizado unos cursos para atender a personas mayores enfermas. En la reunión en la que acordaron los mil euros mensuales que cobraría la cuidadora estaban presentes los cuatro, incluido el párroco, según puntualiza este testigo. «Pusimos nuestra confianza en él».

En apenas 18 días los investigados lograron que el anciano modificara su testamento, que nombrara heredera universal a la cuidadora –que mintió al notario diciéndole que llevaba varios años cuidando al nonagenario–, le donó 6.000 euros y todos los enseres y muebles de la casa a la parroquia, y un día más tarde le concedió un poder especial para las operaciones bancarias a la mujer. En ese momento en la cuenta había 33.000 euros y la vivienda que finalmente heredó la investigada está valorada en 80.000.

Se aprovecharon de su vulnerabilidad

«En 18 días eso no se improvisa de hoy para mañana, lo tenían planeado», asegura el denunciante, que está convencido de que «incineraron su cadáver para no dejar rastro». Las investigaciones de la Guardia Civil señalan que los investigados «idearon un plan para enriquecerse injustamente» obligando a su víctima mediante la intimidación ambiental, superioridad, vulnerabilidad, y el suministro de fármacos a «realizar actos jurídicos con perjuicio de su patrimonio y el de su heredero legítimo». Tras lograr su propósito habrían presuntamente acabado con su vida por un exceso de antipsicóticos que la víctima empezó a tomar tras sufrir alucinaciones a los pocos días de empezar a trabajar la investigada.

La juez les ha retirado el pasaporte y les obliga a ir a firmar cada 15 días

Por el momento, el Juzgado de Instrucción número uno de Sueca, que lleva la causa, ha dictado una serie de medidas cautelares tras acogerse el jueves ambos investigados a su derecho a no declarar. Les ha retirado el pasaporte, les prohibe salir del país y les obliga a acudir a firmar cada quince días al juzgado, según han informado fuentes del TSJCV. 

La mayor dificultad para probar el asesinato será la ausencia del cadáver, que fue incinerado pese a que el deseo del difunto era que lo enterraran en el panteón familiar de Alzira, junto a sus padres y su hermana, como recuerda su sobrino, que se enteró que iba a ser incinerado en el propio sepelio en palabras del párroco ahora investigado. «Nos quedamos a cuadros, él nunca lo habría querido, era muy religioso». Cuando se marcharon de allí y acudieron a la casa comprobaron que ya habían cambiado la cerradura. Al llamar al cura su respuesta fue: «Vosotros sois familia lejana y no tenéis derecho nada».

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