Los embargos de la pantanada siguen activos pese a condonarse los créditos

Varias propiedades de familias de la Ribera salen a subasta pública al no completar el gobierno valenciano la asunción de la deuda de 400.000 euros que reclama el ICO a los damnificados

El anterior gobierno autonómico se comprometió a asumir la deuda que demandaba el ICO a las familias.

El anterior gobierno autonómico se comprometió a asumir la deuda que demandaba el ICO a las familias. / Agustí Perales Iborra

Rubén Sebastián

Rubén Sebastián

La lista de pérdidas materiales que dejó la pantanada de Tous en la Ribera es inmensa. Casi cuarenta y dos años después, todavía puede aumentar, por sorprendente que pueda parecer. Los embargos a los damnificados siguen activos, a pesar de que las víctimas de la inundación daban por hecho que se condonarían los créditos. Tenían la palabra del anterior gobierno valenciano, que se comprometió a asumir la deuda de las familias más vulnerables. Alrededor de 400.000 euros que permitirían cerrar una herida que permanece abierta demasiados años. Sin embargo, las promesas no se trasladaron jamás al papel. Ahora, más de una veintena de personas podrían quedarse sin hogar.

Lo confirmó ayer a Levante-EMV el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer. Este periódico ya relató, en su edición dominical, el caso de Enrique Costa, un jubilado que ha abonado más de 20.000 euros para satisfacer la reclamación, amenaza de embargo incluida, del Instituto de Crédito Oficial. Aunque su deuda no está todavía saldada.

Su caso no es único. Aunque el perfil de los afectados es muy similar al suyo. «Hablamos de gente en situación vulnerable. Son personas mayores, viudas en algunos casos, que solo tienen su casa y que pueden perderla de un momento a otro porque ya nadie pensaba que se fuesen a ejecutar los embargos», lamenta Ferrer. El colegio alzireño siempre ha mantenido una actitud vigilante sobre esta cuestión concreta. Ya se movilizó, en su momento, para incluir en la agenda política un problema que acaparaba poca atención, pero que suponía un auténtico drama para las familias afectadas. Ahora, lo hace de nuevo para denunciar el incumplimiento de la promesa del gobierno autonómico, que dio por zanjado el tema al asegurar que se haría cargo de las deudas reclamadas por el ICO.

Agua y barro llenaron las calles de los municipios de la Ribera.

Agua y barro llenaron las calles de los municipios de la Ribera. / Levante-EMV

Trámite que jamás se firmó

«Logramos que la Generalitat se comprometiera con los damnificados. Se nos dijo que asumirían los cuatrocientos mil euros, a pesar de que la reclamación provenía de una administración pública incluso mayor. Sin embargo, aquella buena voluntad no se materializó en ningún tipo de orden que paralice la vía judicial», expone Ferrer, que añade a continuación: «Al no haberse firmado ni un solo documento administrativo que certifique la condonación, la burocracia sigue su curso. Se tramitan el cobro de la deuda y los embargos correspondientes. De hecho, alguna persona ya ha visto cómo sacan a subasta sus bienes».

Las elecciones y el cambio en el ejecutivo dejaron en el aire el destino de estas personas, que ahora temen perder sus viviendas. «Hicimos todo lo posible para que la condonación se firmara antes de las elecciones, pero no fue así. Las reuniones con el nuevo gobierno nos demuestran que hay buena voluntad, pero tampoco se ha concretado nada. Seguiremos llamando a todas las puertas que haga falta para resolver el problema de los damnificados», sentencia Ferrer. 

Suscríbete para seguir leyendo