Los embargos aún ahogan a afectados de la pantanada de Tous 42 años después

Un jubilado liquida 22.000 € del crédito, el doble de lo que pidió prestado, tras amenazar el ICO que le confiscaría sus bienes

Recibe 930 euros de pensión

La condonación oficial no se ha cumplido

Enrique Costa muestra documentos e imágenes de la pantanada.

Enrique Costa muestra documentos e imágenes de la pantanada. / Rubén Sebastián

Rubén Sebastián

Rubén Sebastián

Enrique Costa es uno de los muchos vecinos de Alzira que lo perdió todo aquel maldito 20 de octubre de 1982 en el que la presa de Tous cedió al empuje del agua y anegó gran parte de la Ribera. Han pasado más de cuatro décadas del trágico suceso y todavía a día de hoy paga sus consecuencias. En el sentido más literal de la expresión, pues acaba de liquidar los más de veinte mil euros que el Instituto de Crédito Oficial tras recibir, hace dos años, una orden judicial que le anunciaba el embargo de sus bienes. Sin embargo, todavía debe abonar los intereses de un préstamo que recibieron centenares de damnificados y que se daba por condonado.

La herida de la pantanada no se cierra nunca en la comarca. La imagen del agua y el barro en las calles, viviendas y negocios perdura en la memoria colectiva y difícilmente se borrará. Incluso quienes no la vivieron conocen, a través de sus padres o abuelos, del poder devastador del histórico temporal que provocó la rotura del defectuoso embalse. Además, la administración pública tampoco deja que cicatrice. El gobierno autonómico se comprometió a asumir las deudas pendientes, pero la realidad es bien diferente.

Algunos de los productos que debía reparar Costa, tras la pantanada.

Algunos de los productos que debía reparar Costa, tras la pantanada. / Levante-EMV

«La condonación de la deuda es una mentira», afirma con rotundidad Costa, jubilado de 75 años. La pantanada dejó inundado de agua y lodo su taller de electrónica y, como el resto de damnificados, se acogió al programa de créditos que ofreció el Estado. Recibió alrededor de un millón y medio de pesetas. «Equivaldría a unos once mil euros, aunque el valor de lo que perdí era cuatro veces superior», aclara a Levante-EMV

Irónico regalo

Hace dos años, en el momento en el que se conmemoraba el cuadragésimo aniversario de la catástrofe, recibió un irónico regalo: «Recibí una notificación en la que se me decía que habían intentado contactar conmigo en diversas ocasiones y que debía abonar unos 22.000 euros, además de los intereses que se continuaban generando. También se me anunciaba un embargo de mis bienes», relata. 

Fue un jarro de agua fría para una persona que, tal y como recuerda, tuvo que reponerse de dos duros golpes en pocos años. «Como con la pantanada no tuvimos bastante, en el 87 sufrimos una riada. En aquel momento, ni siquiera pudimos desgravarnos nada y teníamos la sensación de que, encima, se querían aprovechar de nuestra desgracia», expone el alzireño, que añade: «Uno se dedica a trabajar más de diez horas al día durante años para relanzar su negocio con cada desastre para cobrar una pensión de 930 euros y luego viene el Estado, que tenía en mal estado la presa y no había diseñado la Autopista del Mediterráneo de forma adecuada para garantizar la correcta evacuación de agua, a reclamarle todo ese dinero y embargarle sus ahorros. No hay derecho».

Estado en el que quedó el tallero de Costa.

Estado en el que quedó el taller de Costa. / Levante-EMV

Malvender posesiones

Para abonar su deuda, Costa reconoce que ha tenido que malvender el taller, que todavía conservaba. La nave estaba alquilada para obtener un ingreso extra con el que complementar su pensión. Sin embargo, todavía debe abonar los intereses que ha generado en los últimos dos años y los gastos judiciales de su defensa frente a la reclamación. «Lo que peor llevo es que los jueces te digan que la ley es la que es. ¿Nadie en este país tiene corazón?», se cuestiona.

Su caso no es único, según ha confirmado a este periódico el portavoz de Ciudadanos en Alzira, Miguel Vidal. El edil reclama explicaciones a las administraciones nacional y autonómica: «Nos dijeron y repitieron que las deudas de los damnificados estaban solucionadas y arregladas, que se habían realizado todas las gestiones para condonar las deudas de las familias, pero siguen llegando sentencias que obligan a los afectados a pagar. Faltaron a su palabra y deben aplicar ya una solución», sentencia el concejal.

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