La Policía desaloja a la pareja de septuagenarios de Sueca

La hija de los jubilados les traslada a otra vivienda para evitar la ansiedad que les causaba ser desahuciados por la Guardia Civil

Momentos de tensión previos al desahucio judicial

Momentos de tensión previos al desahucio judicial / Joan R. Gimeno

Lianna, de 72 años y una discapacidad del 33%, y Elbrúst, de 70 años, han perdido la primera batalla judicial y fueron desalojados en la mañana de ayer de su domicilio en Sueca. El juez ha resuelto el caso a pesar de que el comité DESC de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, había vuelto a dar a la razón a la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Valencia al solicitar al Estado que mientras el caso se estuviera examinando se suspendiera el desalojo de dos personas mayores y enfermas «para evitar daños irreparables». 

El abogado de oficio había presentado también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Se está a la espera de que lo admita o no a trámite, pero el juzgado ha atendido la demanda del banco y durante la mañana de ayer Lianna y Elbrust fueron desalojados de su casa. Ante la puerta del edificio se congregaron dos decenas de vecinos llegados desde diversas poblaciones de la Ribera Baixa para intentar frenar dicho desahucio, aunque los agentes de la Guardia Civil evitaron que los manifestantes impidieran cumplir las órdenes del juez. 

Otra vivienda de alquiler

Los familiares de los afectados han alquilado otra vivienda en Sueca para que ambos jubilados no se queden en la calle. Para evitar un mal trago a los ancianos, fue su hija y su yerno quienes les acompañaron dado que ella está muy enferma. Los funcionarios judiciales se encontraron con la vivienda cerrada y solo pudieron entrar en ella con la ayuda de un cerrajero.

Manifestantes y agentes de la Guardia Civil

Manifestantes y agentes de la Guardia Civil / Joan R. Gimeno

El piso que habitaban ambos jubilados, que en su día fue de su propiedad, está ubicado en la calle Castellón de la Plana de Sueca. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria los dueños dejaron de pagar la hipoteca. El banco obtuvo el inmueble en dación en pago y concedió a la pareja un alquiler social. Una vez finalizado el contrato de alquiler se renovó tres años hasta que finalizó en febrero de 2022.

Los inquilinos se pusieron en contacto con la entidad bancaria para intentar recomprar la vivienda, aunque no recibieron respuesta alguna. PAH asegura que el banco tiene intención de vender el bloque entero de viviendas y no una a una. Hoy el piso se encuentra en venta por 36.000 euros. 

La Plataforma Antidesahucios ha mostrado su indignación por la falta de alternativas sociales que puedan garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.