Violencia de género: la importancia de llamar a las cosas por su nombre

Veo con nostalgia y cierta inquetud la posibilidad de un acelerado derrumbamiento de uno de los ejemplos que mayor claridad explicativa me aportaban en las sesiones de Análisis de Políticas Públicas que vengo impartiendo en la Universitat de València: el de la violencia de género o machista.

A la hora de explicar cómo los problemas transitan de privados a púbicos (y viceversa), siempre hemos de empezar con esta pregunta: ¿qué es una política pública? La realidad es que la respuesta, por difícil que resulte levantar la mano en momentos en los que un inquisidor docente posa sus ojos sobre ti, es más bien sencilla: una política pública es, desde este paradigma, una respuesta del sistema político a un problema percibido como público.

Pues bien, aquí precisamente radica mi desazón, preocupación y hasta alarma ante el progresivo derrumbamiento del concepto ‘violencia de género’. Habitualmente utilizaba este ejemplo para señalarles cómo un problema objetivo (es decir, cuya existencia es independiente de la manera de pensar o de sentir del que la percibe, o no), cuando es percibido como social, da un necesario (aunque insuficiente) paso para llegar a ser concebido como público y, por tanto, susceptible de recibir respuesta política. Y es que, en ocasiones, aunque no siempre, este cambio de percepción del problema puede llegar a suscitar un cambio en la manera de ser nombrado: en el caso que nos ocupa, de ‘violencia doméstica’ o ‘intrafamiliar’, a ‘violencia de género’ o ‘machista’.

Les explicaba con este ejemplo cómo la propia lengua se hacía cargo de estas diferencias y reducía, o no, un problema al ámbito privado. Así, la denominación ‘violencia doméstica’ o ‘intrafamiliar’ no estaría realmente aludiendo a si el género existe, o no (aunque yo dejaría esto a filósofas de mayor renombre intelectual que la consellera Núñez Sánchez como Judit Butler), o si esta violencia es machista, o no, sino que aludiría a si se trata de un problema que deba encontrar respuesta desde las instituciones públicas. Es más, alude a si, en caso de concebirse como público, encuentra una respuesta pública u otra (no será lo mismo que se conciba como un problema acústico y se fomenten las iniciativas de aislamiento acústico, que se conciba como un problema de género y se busque proteger a la parte desprotegida -y no violenta- de la relación) y deja al azar de la mano invisible de lo privado la seguridad del cincuenta por ciento de la población.

Si bien a las pocas horas el PP de la Comunitat Valenciana ha desautorizado la decisión de la Conselleria de Justicia (de VOX), la intención del partido VOX parece evidente: privatizar la violencia. Y ahí radica el verdadero problema que percibimos los sectores progresistas. No importa cómo lo llames, efectivamente, pero sí importa –y mucho– cómo lo enfoques: como un problema a resolver entre personas en lo privado (es decir, un «cuando lleguemos a casa te vas a enterar»), o como un mal a erradicar desde lo social y lo público (es decir, un «si nos tocan a una nos tocan a todas»).

Ante la noticia del posible cambio de denominación de la asignatura incluida en los planes de formación de la policía local de ‘género’ a ‘intrafamiliar’ deberíamos preguntarnos, ahora ya desde el punto de vista normativo: ¿Queremos policías que vuelvan a sentir la tentación de llegar a un domicilio donde se escuchan gritos y golpes y resolver el asunto con un «no hagan ruido, que no son horas»? ¿Acaso estamos poniendo, como sociedad, la ‘violencia’ o ‘contaminación acústica’ por encima de la ‘violencia machista’ o ‘de género’? Como ciudadano valenciano, espero que no.