Opinión | tribuna

Policía Local en el filo de la navaja

El tema de la seguridad ciudadana, y su lectura interesada siempre han sido material de utilidad política

Este mismo mes de junio se anunciaba a bombo y platillo la reactivación del Observatorio de Seguridad Ciudadana en la Comunitat Valenciana de manos de la Consellera de Justicia e Interior. Bienvenido sea pues, siempre que no se utilice para hacerse la foto y convertir la seguridad en un tema de enfrentamiento interesado entre los poderes del Estado: el autonómico y el central.

Y ello porque los datos estadísticos que puedan utilizar las diferentes administraciones son los mismos, pero no la lectura que se pueda hacer de ellos. Así, con los mismos datos unos consideran que hemos entrado en una escalada de criminalidad y otros que se están dando de manera sesgada y suponen un «espectáculo racista».

El tema de la seguridad ciudadana, y su lectura interesada siempre han sido en uno u otro sentido material de utilidad política. Y es algo altamente indeseable por cuanto es en base a este tipo de datos desde donde se enfocan la evaluación de las decisiones adoptadas para hacer frente o mantener un nivel razonable de seguridad.

Y como siempre, en este conflicto interesado, las policías son orientadas hacia unas propuestas de actuación acordes con los proyectos políticos en seguridad (si es que se tienen) o a atender (a salto de mata) los hechos conforme surgen.

Estos mismos días hemos tenido conocimiento de los planes de estudios en los cursos básico para las nuevas promociones de policía local en el centro de formación de la conselleria, el IVASPE. Y entre los módulos formativos llamaba la atención sobre manera uno: ‘Extranjería, inmigración y delincuencia’.

Formar a la policía local en materia de extranjería e inmigración siempre se ha hecho. Conocer la legislación española y comunitaria, los fenómenos migratorios, la realidad de las diferentes poblaciones migrantes en nuestro país, su número real, los procesos de integración, las situaciones de permanencia irregular, el asilo y refugio, etc. Siempre ha estado en nuestros programas formativos.

La policía como operador jurídico, ojo, y social de primer orden debe estar formado en esta materia que se refleja a día en una sociedad compleja como la nuestra y sus conocimientos, guiados por los principios de actuación fijados en la Ley Orgánica 2/86, deben servir para garantizar la convivencia social.

En este marco, la dificultad del trabajo diario nos sitúa en el filo de la navaja cuando una formación enfocada a imaginar al extranjero como un posible inmigrante ilegal y a este con la delincuencia, puede acabar por soslayar la profesionalidad exigible y cometer un error imperdonable propiciado por la orientación política recibida.

Los planes formativos de las policías deben ser públicos, trabajados con la representación de los policías locales en la Comisión de Coordinación y con la supervisión de sus contenidos por parte de los representantes parlamentarios de la ciudadanía, pues las policías y en especial las locales son el primer vínculo con los poderes públicos.

Y nada de todo esto se ha hecho.