El TSJ obliga a Montaverner a devolver 500.000 € por un plan urbanístico de hace 20 años

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha reconocido el derecho de una sociedad agraria de transformación (SAT) de ver retornados los 500.000 euros que hace 20 años abonó al Ayuntamiento de Montaverner en concepto de anticipo por las cuotas correspondientes a la urbanización del sector industrial 8 de la localidad, que hasta la fecha no se ha ejecutado. El importe, que representa alrededor del 20% del presupuesto municipal, se gastó en su día en otros fines.

El consistorio inició en 2004 la tramitación del programa urbanístico correspondiente a esta zona del polígono, cuyo desarrollo fue adjudicado unos años después por gestión directa a la empresa pública de capital 100% municipal Innovem, durante la etapa de gobierno socialista.

Esta mercantil ha sido un nido de problemas para el Ayuntamiento de Montaverner que se han traducido en otras condenas económicas derivadas de planes urbanísticos frustrados. En 2022, el TSJ ya obligó a la corporación municipal a abonar 260.000 euros a otra empresa consultora relacionada con la actividad de la firma pública. Tras la crisis inmobiliaria, Innovem entró en quiebra y se declaró en concurso de acreedores en 2013, dejando tras de sí un rosario de agravios y compromisos incumplidos.

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La alcaldesa de Montaverner entre 1999 y 2011 fue objeto de una investigación penal por la gestión de la empresa municipal a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades que, sin embargo, terminó archivada en enero de 2022.

Respecto a la demanda presentada por Viveros Cambra, SAT contra el ayuntamiento, en primera instancia fue desestimada por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº9 de València. La mercantil, especializada en la producción y comercialización de plantas de vid, firmó unos convenios con Innovem para conseguir "un rápido desarrollo del sector 8", como propietaria de los terrenos. En virtud del acuerdo, la empresa avanzó unas sumas de dinero a la espera de la modificación del Plan General necesaria para proceder al desarrollo del polígono.

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En el proceso judicial, la demandante aportó un documento en el que la entonces alcaldesa manifestaba el compromiso de devolución de la cantidad entregada en caso de que la urbanización no se llevara a término. Sin embargo, el juzgado entendió que no había quedado acreditada la obligación del consistorio de retornar el dinero.

En su recurso ante el TSJ, la propietaria del suelo defendió que el ayuntamiento debía asumir su responsabilidad solidaria de las deudas de Innovem como titular de la citada empresa municipal. Viveros Cambra apeló al incumplimiento de los convenios sellados y a la inactividad del programa urbanístico desde 2010 para justificar la obligación de resolver el plan y de devolver las cantidades económicas entregadas, al señalar que el desarrollo del sector resultaba "actual y económicamente inviable", tras la bancarrota de la firma que lo gestionaba.

Por su parte, la representación del Ayuntamiento de Montaverner se opuso al recurso invocando el concurso de acreedores de Inovem, que consideró separados los patrimonios de la firma municipal y el consistorio para defender que la administración local no debía asumir la reclamación. A juicio del ayuntamiento, la inactividad municipal respecto al programa urbanístico estaba justificada debido a los procedimientos concursal y penal que pesaban sobre la gestión de la empresa pública.

Desde el consistorio mostraron ante el TSJ la voluntad de proceder a rescatar el programa para ejecutar las obras de urbanización.

La defensa municipal manifestó que los responsables del ayuntamiento fueron "diligentes denunciando a los presuntos responsables por la desviación del dinero". Desde el consistorio mostraron ante el TSJ la voluntad de proceder a rescatar el programa para ejecutar las obras de urbanización.

En su declaración ante el juzgado por la causa penal de Innovem, la exalcaldesa Belén Esteve reconoció haber recibido el pago de 300.000 euros de la SAT mediante cheque y de 200.000 € vía transferencia. Sobre su destino, declaró que una parte se empleó para pagar gastos de los proyectos.

Una pericial económica determinó que, si bien el destino de los fondos podría no haber sido el acordado, esta circunstancia no constituiría por sí misma un ilícito penal, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse.

Más de 11 años reclamando el dinero

Tras analizar el recurso, el TSJCV concluye que el juzgado de primera instancia se equivocó al considerar la aportación realizada por Viveros Cambra a Innovem como una deuda u obligación exclusiva de tal entidad, de carácter privado, y no como una aportación al programa urbanístico del sector 8. Sobre las sospechas vertidas en el procedimiento relativas a una "posible connivencia de la apelante con el anterior equipo de gobierno y las aportaciones económicas", la sentencia las considera infundadas a la luz del auto de sobreseimiento de las diligencias penales contra Esteve y otros excargos municipales, así como del informe emitido por el administrador concursal de la empresa pública y otras pruebas.

El alcalde lamenta la sentencia por una gestión heredada de hace varias legislaturas

La sala de lo contencioso del tribunal hace hincapié en que la empresa agraria formuló su reclamación de devolución del dinero hace más de 11 años, cuando se han cumplido "casi 20 años desde que tuvo lugar el ingreso de las cantidades".

"Vamos a defender los intereses del ayuntamiento

El alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, ha mostrado su decepción por el resultado de la sentencia y ha avanzado que el ayuntamiento "intentará recurrir dónde sea" dado que es mucho dinero el que está en juego.

El primer edil recalca que se encontró el asunto "como una patata caliente" cuando entró a gobernar, pero descarta opinar sobre la gestión heredada de los entonces responsables del consistorio en la etapa del PSPV, dado que el caso sigue judicializado. "Vamos a defender los intereses del ayuntamiento. Si hay que pagar, pagaremos, pero intentaremos recurrir", zanja Boluda, que desconoce el destino del dinero cuyo retorno reclama la SAT propietaria de los terrenos.

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