El pago de las costas del caso Alqueria revive las heridas en la diputación

La izquierda y el PP se acusan de provocar la detención de Jorge Rodríguez y Ens Uneix lamenta el "abandono" de sus excompañeros de gobierno

Unanimidad en la diputación para aprobar el pago de las costas del caso Alqueria.

Unanimidad en la diputación para aprobar el pago de las costas del caso Alqueria. / Levante-EMV

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

El caso Alqueria lleva al paroxismo la idea de que lo personal es política. Su debate en las Corts está marcado por cuestiones que trascienden de ideología, gestión o investigación judicial, es un asunto teñido por palabras como traición, abandono o incluso romance. No es de extrañar, por tanto, que la unanimidad con la que el pleno de la Diputación de Valencia ha aprobado el apago de 1,3 millones para las costas del caso en el que fueron absueltos Jorge Rodríguez, y otras 13 personas de la corporación provincial haya contrastado con el cruce verbal y de acusaciones que ha compuesto el debate.

La institución va a tener que hacer frente a la responsabilidad patrimonial de los empleados derivada del caso, en concreto de la defensa de los 14 absueltos, que eran personal dependiente de la diputación. Y ante la expectativa de una larga negociación con los seguros, la corporación ha decidido adelantar este dinero, 1,3 millones de euros que este martes han acabado encendiendo la mecha de las cuentas pendientes donde las facturas de las defensas no han sido las que más se han echado a la cara PSPV y Compromís por una parte y Ens Uneix y el PP por otra.

Lo que ha quedado claro es que las heridas siguen abiertas. Las de Ens Uneix, según ha expresado la vicepresidenta de la diputación y representante de este partido, Natàlia Enguix, por el "abandono" de quienes eran sus compañeros de gobierno cuando se llevó a cabo la operación policial que acabó con el líder del partido detenido durante unas horas, y las de la izquierda, especialmente el PSPV, porque el voto de sus excompañeros de partido dio el gobierno al PP, quien denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción.

"Lo que ayer era una cacería despiadada, hoy es un camino empedrado de rosas", ha expresado el portavoz de los socialistas, Carlos Fernández Bielsa, que ha lamentado que se acabe pagando “con el dinero de todos” un proceso "judicial indigno" que surgió "del afán inquisidor" del PP. “Las piruetas y cabriolas que propicia una vida política sin principios ni pudor les ha llevado a tragárselo todo, a pagar hoy su instinto justiciero, que no de justicia, con el dinero de todos y a tener que reconvertir una historia de rencor en un romance para atrapar el gobierno", ha indicado.

"Me daría vergüenza"

Bielsa ha recordado que diputados del PP que gobiernan ahora con Ens Uneix vincularon a estos directamente con la corrupción con frases como “son delincuentes que han protagonizado desmanes y derroches" o "Jorge Rodríguez ha ensuciado esta corporación". Se ha unido a las críticas la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, quien ha señalado que el caso Alqueria es "uno de los casos sangrantes de lawfare a instancias del PP", que en este "intentaron deshacer la vida" de 14 personas, que el caso iba más allá de Jorge Rodríguez y ha cargado directamente contra Enguix: "Me daría vergüenza estar sentada en esa bancada".

"La diferencia es que el PP en la oposición y ustedes eran nosotros, esa es la diferencia y es la hipocresía, que nuestros propios compañeros nos dejaran de lado", ha respondido la propia vicepresidenta provincial casi haciendo suya esa máxima shakespereana de que los puñales de hombres "cuanto más cercanos son, más sangrientos". Así, Enguix ha lamentado que sus propios compañeros les "abandonaran" y les hicieran sentir "solos durante cinco años", pero que a pesar de ello, estaban en el gobierno provincial. "Somos dignos de estar donde estamos", ha remarcado antes de pedir que no se hiciera política a costa de ellos.

"¿De quién depende la Fiscalía?"

Sin embargo, tal y como se había puesto el pleno ya era imposible y aún ha quedado tiempo para que sus hoy compañeros de gobierno y autores de la denuncia que impulsó el caso hayan esquivado las culpas de la detención del hoy alcalde de Ontinyent. De hecho, el presidente de la corporación, Vicent Mompó, ha negado que la decisión de no recurrir el archivo del caso respondiera al pacto de gobierno mientras la portavoz del PP, Laura Sáez, ha considerado "intolerable" las intervenciones de la oposición.

"Todavía respiran por la herida", ha indicado Sáez quien ha señalado a las "cuitas internas" del PSPV en ese momento como las instigadoras del caso. "¿De quién depende la Fiscalía?", se ha preguntado la también responsable de Hacienda de la corporación provincial citando a Pedro Sánchez, "pues esa ha sido su forma de actuar". Instantes después, el eco de las palabras se ha diluido y la unanimidad se ha impuesto para incluir en el capítulo de gastos 1,3 millones en indemnizaciones que bien podrían haber formado

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