La diputación reserva 1,3 millones para pagar a los abogados del caso Alquería

La Diputación de Valencia aprobará en el pleno que se celebra esta semana la consignación de una partida de 1,3 millones de euros. El motivo: preparar el dinero para pagar la factura del caso Alquería, en concreto, la factura de los abogados. Ha pasado ya más de un año desde la absolución de Jorge Rodríguez y los otros 13 acusados tras aquella operación policial que terminó con su Presidencia en la Diputación de Valencia, además de con su carrera en el PSPV.

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Responsabilidad patrimonial

La institución va a tener que hacer frente a la responsabilidad patrimonial de los empleados derivada del caso, en concreto de la defensa de los 14 absueltos, que eran personal dependiente de la Diputación de Valencia. Según el artículo 75.4 de la ley de Bases de Régimen Local «los miembros de las corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo».

Y ante la expectativa de una larga negociación con los seguros, la diputación ha decidido adelantar este dinero. La pasada semana, según supo este diario, este asunto pasó por la comisión informativa de Hacienda, donde fue aprobado con el apoyo de todas las formaciones (Compromís se abstuvo), y en el pleno se aprobará la disposición de estos 1,3 millones. Giros del destino, el partido formado por Jorge Rodríguez tras su salida del PSPV (La Vall Ens Uneix) forma parte ahora del equipo de gobierno de la diputación, en coalición con el PP que preside Vicent Mompó.

Minuta de 5 años

La cantidad consignada es la estimación a partir de las minutas que las defensas han presentado a la corporación provincial: 1.260.000 euros, a razón de unos 90.000 euros de media por cada uno de los 14 abogados. En algunos casos, los acusados fueron adelantando el dinero; en otros, las defensas aún no han recibido un euro. Fue un proceso largo, que se prolongó cinco años desde la operación puesta en marcha en junio de 2018. Aquel proceso tuvo costes políticos y, ahora también económicos para las arcas públicas. Desde Ens Uneix, deslizan que también tienen interés en conocer cuánto costó la operación policial llegada desde Madrid, así como el conjunto de la instrucción judicial.

Informes jurídicos

Este movimiento, en todo caso, no quiere decir que el pago a los abogados vaya a ser inmediato. La diputación ha pedido informes jurídicos dentro de la casa y también al Consell Jurídic Consultiu para validar el proceso. Tardará unos meses, pero el equipo de gobierno ha adelantado trámites para abonar las cantidades una vez estos informes den el visto bueno. 

La idea, de todos modos, es recuperar la mayor cantidad posible a través de los seguros. En cualquier caso, habrá coste económico para la diputación. De los 14 absueltos, dos estaban cubiertos por el seguro de la diputación, que apenas cubre 12.000 euros. Más problemas temen las fuentes consultadas que puede haber con el seguro de los acusados que pertenecían a Divalterra, que cubre hasta los 100.000 euros de responsabilidad.