El cierre de la residencia Orpea con 93 mayores, camino del juzgado

El propietario y los gestores de la residencia de mayores Orpea, en València, protagonizan un conflicto que acabará en los juzgados, según aseguran las dos partes. Ahora bien, mientras esto ocurre, los 93 mayores que residen en este centro deben buscar una nueva ubicación, con el malestar, la preocupación y la indignación que eso conlleva ya que se trata de personas mayores y enfermas, en la mayoría de los casos.

El propietario del edificio donde se ubica la residencia (en el barrio de Benicalap) muestra un contrato firmado en 2013 con la multinacional que gestiona el centro y que cuenta con un artículo que es el que él quiere aplicar. "Las partes acuerdan expresamente que las licencias administrativas quedarán, a la extinción del presente contrato o de su prórroga, con independencia de cuál sea la causa de extinción, de propiedad del arrendador de forma gratuita", consta en una de las cláusulas del contrato donde, además se recalca como aclaración que "con independencia del cese de actividad de la arrendataria, mi empresa mantendrá la titularidad de las licencias administrativas para que bien directamente o por un tercero, se siga desarrollando la actividad residencial". Sin embargo, desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda le han indicado al propietario que la normativa actual no permite aplicar esta cláusula. "Para el caso de cierre del centro y su posterior reapertura será necesario tramitar una nueva autorización de funcionamiento", explicaron fuentes de la conselleria a este diario.

La multinacional Orpea, que es la que gestiona el centro, repite que su opción pasa por un entregarle la licencia al propietario del edificio, mediante un traspaso de la actividad. El propietario, sin embargo, asegura que eso es un "regalo envenenado" que no está dispuesto a aceptar.

La conselleria, por su parte, afirma que este cierre de la residencia o "cualquier otra cuestión que se suscite entre la entidad titular de la residencia y la persona titular del inmueble queda fuera del ámbito de actuación de esta conselleria y, por tanto, deberá dirimirse en otra instancia".

En la única parte del relato en la que coinciden las dos partes es que el inicio de las conversaciones ante un contrato de arrendamiento que finalizaba en marzo de 2024 fueron en octubre y que la intención era que la actividad continuara. Así, la multinacional defiende que "hemos querido mantener la actividad, pero al negarnos la renovación del contrato de alquiler nos hemos visto obligados a tramitar el cierre", y la propiedad del edificio asegura que "quiero mantener la actividad, pero con la licencia a mi nombre y con mi empresa y mi manera de trabajar, no con la continuidad de una actividad donde no he negociado características ni condiciones".

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