Propuesta de reforma para agilizar los Planes Generales

«El estatu quo del planeamiento urbanístico actual sirve para muy poco y es incapaz de responder ágilmente a las necesidades de la ciudad. Se tarda muchísimos años en hacer un plan general (PG) ocho, diez o hasta quince años», señalaba esta semana José María Baño León, el catedrático de derecho administrativo de la Universitat de València, y una de las voces más autorizadas en derecho urbanístico. Baño león participó esta semana en la jornada «Presente y futuro del urbanismo: Seguridad jurídica y nuevas oportunidades» organizada por la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (RDUyMA), dirigida por Francisco José Alegría Martínez de Pinillos y que desde 1967 es la publicación científica de referencia en ambas materias . En la jornada también participaron otros dos primeros espadas del urbanismo estatal, y valenciano, como el arquitecto Gerardo Roger Fernández y el catedrático de derecho administrativo, Luciano Parejo.

La intervención de Baño León se centró en analizar «El planeamiento urbanístico del presente y del futuro inminente. Una intervención en la que planteó una propuesta de reforma para agilizar la tramitación de los Planes Generales (PG), los antiguos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).

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A la falta de respuesta de los Planes Generales al urbanismo de las ciudades del siglo XXI se le suman los problemas judiciales, según el diagnóstico de Baño León. «Si algún plan llega al Tribunal Supremo tiene todas las papeletas de ser anulado». Tesitura compleja a la que se añade que «cuando se suscita un problema en la ciudad nuevo el urbanismo no tiene capacidad de adaptación a la realidad. Por eso se aplican parches modificando regímenes de usos para dar soluciones concretas porque nadie quiere revisar los planes generales ya que supone meterse en un callejón profundo». «El planeamiento actual diagnosticó Baño León- es incapaz de adaptarse a la nueva realidad y responder a los problemas de la ciudadanía detrás de la ordenación urbanística». 

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Para evitar este lastre, el catedrático de derecho administrativo Baño León propone crear la figura del Plan General estratégico «modesto y flexible que marca una ordenación territorial clara y precisa. No se ocupa de la clasificación del suelo, sólo los que no se pueden edificar o estar protegidos. Desaparece así la idea del suelo urbanizable. Se trata de un Plan General marco que establece las grandes redes y sistemas de dotaciones que deja al planeamiento de desarrollo u operativo todo lo que se refiere a los elementos de discusión jurídica». 

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Según Baño León con esta diferenciación «liberamos al plan general de las tensiones que constituyen el 90 % de las alegaciones que tienen que ver con la propiedad del suelo. Ya se verá en proyectos concretos». Una opción que, a su juicio, permitiría renovar «planes metropolitanos de Barcelona o Madrid que son antiquísimos. ¿Hasta que punto es legítimo que las generaciones actuales tengan que soportar esa discrecionalidad fruto de hace quince o veinte años?». Ylo mismo sucedería de València, cuyo PGOUse aprobó el 28 de diciembre de 1.988, antes de que la Comunitat Valenciana contara con la primera ley urbanística propia, la LRAU.

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