La Generalitat regulará el alquiler con opción a compra para jóvenes

La vicepresidenta Camarero avanza que trabajan en un decreto que facilitará los trámites para construir viviendas en el menor plazo posible

La consellera Susana Camarero, en Alicante

La consellera Susana Camarero, en Alicante / RAFA ARJONES

Ana Jover

La vicepresidenta segunda y consellera de Vivienda, Susana Camarero, abrió el Foro Mediterráneo de Información de Alicante consciente de que frente a ella tenía expertos y profesionales del sector. La titular del área social de la Generalitat Valenciana acudió al Club Información -diario del mismo grupo editorial que Levante-EMV- con anuncios y novedades concretas. En primer lugar, Camarero destacó la novedad de poner en marcha en la Comunitat Valenciana la «primera regularización del alquiler con opción a compra para jóvenes» y anticipó que se trata de «un decreto de Vivienda de Protección Pública (VPP) que tiene como principal objetivo, facilitar al máximo los trámites para construir viviendas en el menor plazo posible y con el mínimo de burocracia».

La vicepresidenta quiso centrar parte de su intervención en las dificultades de acceso a la vivienda para este segmento poblacional derivado, principalmente, del aumento de precios. «Los datos de los precios de la vivienda no pueden dejarnos impasibles, habiendo llegado a un incremento insostenible de más del 90,5% en alquiler y 48,7% en compra respectivamente de 2015 a 2023», denunció. «Como consecuencia de esta aumento, los jóvenes tienen que dedicar entre el 40 y el 60% de su sueldo», añadió.

Además, confirmó el propósito de que «un porcentaje de las promociones del Plan Vive se reserven para jóvenes». Avanzó que el Instituto Valenciano de Finanzas «concederá avales para la adquisición de viviendas para jóvenes que hemos alargado hasta los 45 años; lo que se suma a la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales  al 6 % para los menores de 35 años que adquieran una primera vivienda, y al 3 % para familias numerosas y monoparentales».

En la semana del aniversario de la victoria electoral de Carlos Mazón en las autonómicas, Susana Camarero recordó parte del programa y del planteamiento inicial que hizo el nuevo Ejecutivo. Así cuando, además, se cumple un mes del Plan Vive de impulso a la construcción de la vivienda pública, la responsable de Vivienda anticipó la inminente licitación de 188 viviendas en la provincia de Alicante, subvencionada parcialmente por la UE.

En concreto se trata del paquete de 720 inmuebles que se hace mediante cesión de derecho público. Las parcelas están localizadas, como ya se anunciara, en Benidorm (91), Xàbia (64), la Vila-Joiosa (33). «Casi 200 nuevas viviendas para alquiler asequible, con un presupuesto de 50 millones de euros aproximadamente, de los que el 30 % serán a cargo de una subvención de fondos europeos», aseguró.

Por otra parte, destacó que, en este poco tiempo de puesta en marcha del plan, «a fecha de hoy casi la mitad de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana viven en municipios que ya se han adherido al Plan Vive». Torrevieja fue el primero en oficializarlo.

Por otra parte, la vicepresidenta quiso referirse al informe del Foro Mediterráneo en cuanto a la «tercera gran causa de la escasez de viviendas que es la falta de suelo». En este sentido, Camarero se mostró muy crítica con el Gobierno central y la reciente retirada de la Ley del Suelo que calificó de «tacticismo electoral». «Consideramos fundamental que se consensúe a la mayor brevedad posible con todos los agentes implicados», reclamó.

Retraer más la oferta

Dentro de la crítica, la consellera recordó que «la semana pasada conocimos que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional algunos artículos de la misma por invadir las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en esta materia. Una respuesta que coincide con la postura que hemos tenido ante esta ley desde la Generalitat». Camarero advirtió: «Lo hemos dicho por activa y pasiva, tampoco estamos de acuerdo con la pretensión del Gobierno de obligarnos a declarar las zonas tensionadas y con ello topar los precios del alquiler. No lo vamos a hacer porque no creemos en esta solución que ya ha fracasado en ciudades como Berlín». Para la responsable autonómica del sector, «esta medida lo único que conseguiría es retraer aún más la oferta».

En su exposición, la vicepresidenta expuso los problemas heredados del Botànic, donde denunció  que, en vivienda, «nos hemos encontrado con más de 30 textos normativos, dos leyes, distintos decretos y varias circulares, en muchos casos contradictorios». Además, recordó la    suspensión de las normas de calidad y diseño en la edificación que «hacía inviable muchas promociones de vivienda y que modificaremos en breve».