Cristina Seguí dice ahora en el juicio que las niñas del vídeo que difundió y las que fueron violadas en Burjassot "no son las mismas"

La líder ultra María Cristina Seguí García, cofundadora de Vox en València y que se describe a sí misma como periodista, juzgada este miércoles por contribuir a revelar la identidad de la niña de 12 años que fue víctima de una violación grupal en Burjassot y atentar contra la integridad moral de la menor difundiendo un vídeo a partir de un directo de una de ellas en su cuenta privada de Instagram, no solo se ha negado a responder a nadie que no fuera su abogado, sino que ha tratado de sacar un conejo de la chistera para eludir la condena alegando que las niñas del vídeo que difundió y las que fueron víctimas de las agresiones sexuales "no son las mismas. Es imposible que lo sean".

La sorprendente afirmación, realizada por la acusada en su declaración y recogida por su abogado en su informe final, ha causado estupor en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 10 de València, ya que pone en duda la identidad de las tres menores del vídeo, algo que a estas alturas se escapa a toda lógica. En primer lugar, porque desde este mes de abril hay una sentencia firme que condena a siete años de internamiento a los violadores, en la que, como es lógico, se identifica a las víctimas con nombres y apellidos, y en segundo, porque el vídeo cuya difusión se ha juzgado este miércoles fue grabado a partir de un directo con las cuentas de Instagram de las dos víctimas y una amiga de ellas, precisamente la que propició la denuncia inicial ante la policía.

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Le resultaba "incompatible con una agresión sexual"

Seguí, para quien la fiscal Susana Gisbert pide cuatro años y medio de cárcel y 15.000 euros de indemnización, y la acusación particular, que ejerce el penalista Juan Carlos Navarro en nombre de la madre de la menor que sufrió una violación grupal y otra individual, tres años de cárcel y 50.000 euros, intentó justificar que aseguró que no tenían 12 años "sino 15 o 16", porque recurrió a una supuesta fuente que definió como "una buena amiga en Madrid experta en delitos tecnológicos [no dijo que fuera policía, pero usó ese término, que es el que emplea la Policía Nacional para designar a sus expertos en ciberdelincuencia]" quien le estimó, solo con ver el vídeo, "entre 15 y 17 años" la edad de las menores que aparecían en la grabación. Consideró bastante esa gestión para afirmar a partir de ella categóricamente que las chicas no tenían la edad de 12 y 13 años, tal como recogía la información de Levante-EMV cuando adelantó la noticia de las agresiones sexuales, así como el resto de medios que se hicieron eco de esa primera publicación.

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En cuanto a por qué en la sucesión de tuits, con contenido despreciativo para las menores -les llama "angelitos" o que solo buscaban "hacerse famosas", entre otras lindezas-, no solo puso en tela de juicio las violaciones, sino que llegó a decir claramente que eran falsas, ayer, ante la jueza, explicó que lo hizo porque al ver la conversación de las niñas, decidió que "hay una disonancia que a mí me resulta incompatible con una agresión sexual como la que se relata en la sentencia". Suficiente.

"Es imposible que sean las mismas niñas"

Ayer, a sentencia emitida (la de las agresiones sexuales, totalmente admitidas por los cuatro condenados; el quinto no ha podido ser enjuiciado porque no tenía ni 14 años), no encontró otra escapatoria que argumentar que "no pueden ser las mismas niñas. He escuchado la sentencia y a la perito y es imposible que sean las mismas niñas".

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La otra línea de defensa, que nadie discutía porque no altera la existencia del delito de revelación de secretos a juicio de las acusaciones, es que Seguí se limitó a difundir, porque se sintió "en la obligación de hacerlo", un vídeo que le hicieron llegar, según ella, "unas madres". En su descargo, presumió de haber eliminado "3 ó 4 segundos" del original antes de difundirlo, pero no porque estuviera protegiendo la identidad de las adolescentes. En ellos se escuchan las voces de dos chicos muy jóvenes, los autores de la grabación del directo, haciendo comentarios injuriosos con un marcado acento calé -todos los condenados son de etnia gitana-. De haber emitido el vídeo con sus voces, podría haber quedado al descubierto la identidad de quien hizo la grabación, realizada con la cámara de un móvil enfocada a la pantalla de otro terminal en el que discurría el directo.

La ultraderechista, que ya fue condenada por la vía civil el año pasado a pagar 6.000 euros por difamar al exministro José Luis Ábalos a través de Twitter, no solo no quiso responder ni a la fiscal ni a Navarro, lo que llevó a este a pedir a la jueza que valore adecuadamente ese silencio "revelador", sino que pidió declarar (y se le concedió) al final del juicio, una vez que hubiesen hablado todos los demás.

Uno de los testimonios que más daño hicieron a la acusada fue el del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien lideró la denuncia que permitió a la Fiscalía de Odio de València iniciar la investigación. Sánchez desgranó uno por uno los puntos e hitos que le llevaron a denunciar y cómo la Agencia de Protección de Datos reaccionó obligando a Seguí a borrar los tuits. También, cómo esta reaccionó 'estampando' esos tuits y el vídeo, haciendo con ello que esa copia se convirtiese en indeleble y permanezca aún en el ciberespacio, o cómo se viralizó el vídeo tras la difusión del mismo en el perfil de Twitter (hoy X) de la activista ultra, con casi 300.000 seguidores en ese momento, en su canal de Telegram o después de que fuese entrevistada en el canal de YouTube de otro conocido periodista de un perfil similar, Javier Negre, con casi 400.000 seguidores.

Así mismo, el testigo explicó que los directos de Instagram, duran, como el resto de las stories de esta red, 24 horas, tiempo al cabo del cual se borran de manera automática, y que nadie que no forme parte del grupo de seguidores aceptado de antemano por quien emite el directo puede tener acceso al mismo.

"Me dijo: 'Todo el mundo sabía que éramos las niñas violadas'"

Demoledor fue también el testimonio prestado por la psicóloga del Instituto de Medicina Legal (IML) de València que elaboró el llamado informe de credibilidad de las menores para el proceso judicial por las violaciones, adelantado en su día por este diario. La perito fue contundente: la niña estaba psicológicamente destrozada por las agresiones sexuales -tardó más de un año en poder ser sometida a la exploración en la cámara Gesell por las dilaciones propiciadas por las defensas de los violadores y el mismo tiempo en recibir la primera asistencia psicológica-, pero, además, "la difusión del vídeo agravó la sintomatología por la agresión sexual, que era muy concreta y severa. Había depresión, ansiedad, estrés crónico... Cuando yo la veo, el daño se ha visto muy agravado por las consecuencias de esa difusión. Su estado se convierte en disfuncional", matizó.  

Y agregó, acerca de las consecuencias de la viralización del vídeo que le expresó cuando la exploró, que "la niña me dice que se le ha arruinado la vida. Es una constante en sus manifestaciones. Me lo dijo así: 'Todo el mundo sabía que éramos las niñas violadas'". En cuanto a por qué se reían en ese vídeo, que recoge una conversación informal entre tres niñas de 12 y 13 años, como bien recordó la fiscal, Susana Gisbert, la psicóloga del IML volvió a expresarse con firmeza: "Es un mecanismo de defensa. Este tipo de expresión es habitual cuando sucede un hecho traumático como el que habían vivido. Ese vídeo se graba al día siguiente de las violaciones. Incluso me lo dice así, 'me podían haber matado, golpeado o hecho más daño, al menos estoy viva'. No es una actitud extraña", remachó.

"Mi hija sufrió 'bullying por la difusión de ese vídeo"

Uno de los momentos más dramáticos se han vivido cuando ha declarado ante la jueza de lo Penal 10 de València la madre de esa menor, quien ha relatado cómo su hija trató de suicidarse tirándose por una ventana a raíz de la difusión del vídeo y de las agresiones sexuales -"si no llego a estar yo, si no la llego a coger, se habría tirado"- o que, por la misma razón, por las secuelas de ambos hechos, "actualmente está internada en un centro para recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico" por prescripción terapéutica.

"Se ha cortado, se ha arañado los nudillos,... Los especialistas dicen que presenta todos los patrones del trastorno límite de la personalidad, pero que hasta que no sea más mayor (ahora tiene 15 años), no se lo podrán diagnosticar".

"Mi hija sufrió 'bullying' por la difusión de ese vídeo", resumió, y relató cómo tuvo que cambiarla dos veces de instituto y de municipio porque se desveló su identidad. "Le echaban la culpa de lo que pasó, como si ella hubiese ido a buscar aquello...". La madre se mantuvo entera, aunque muy nerviosa, durante la declaración, realizada a medio metro escaso de la mujer juzgada por difundir el vídeo que destapó la identidad de su hija, revictimizándola hasta el punto relatado por la psicóloga, pero se quebró y echó a llorar cuando se emitió, por cuarta vez y a petición de la defensa, la misma grabación. Una y otra vez. La mujer tuvo que abandonar precipitadamente la sala, incapaz de continuar soportando la tortura de escuchar en bucle la voz sin distorsionar de su hija y de las otras dos menores.

Tal como ha venido informando Levante-EMV, la líder ultra difundió un vídeo grabado por el entorno de los presuntos violadores de móvil a móvil en el que captaron un directo en la red social de Instagram realizado de manera privada por la menor en el que aparecía ella, la otra niña que fue violada en ese mismo episodio en Burjassot y una tercera adolescente, amiga de las anteriores, cuya madre fue quien puso en alerta a la Policía en el momento en que se estaban produciendo las agresiones sexuales, en la tarde-noche del 16 de mayo de 2022, tal como adelantó en exclusiva este diario.

El texto de los tuits las relacionaba con las violaciones

Las niñas, que únicamente cubrían su rostro con filtros de la propia red, por lo que sus caras eran visibles en varios momentos del vídeo, comentaban entre sí que el caso derivaría en un juicio y las consecuencias que ello acarrearía. Las voces, como recordaron ayer la fiscal Gisbert y el letrado Navarro, no estaban distorsionadas e identificarlas era fácil, ya que también se veían las cuentas de usuario de Instagram. De hecho, la relación de esas tres niñas con las violaciones de Burjassot se produce precisamente por los comentarios realizados por la acusada en los textos de sus tuits, tal como recordó ayer la acusación particular, al incluir datos que llevaban a esas noticias.

La fiscal, por su parte, se encargó de recordar y poner el acento en la especial protección de la que gozan los menores, que prohíbe la difusión de su identidad. Navarro, además, recordó a mayores que ni siquiera se puede argumentar que las niñas hubiesen prestado su consentimiento a la difusión al tratarse de un directo en una red social, ya que era una acción en el ámbito privado (solo podían verlo sus amigos) y, sobre todo, ningún menor de 14 años tiene la capacidad legal de prestar consentimiento, según recoge la Ley de Protección de Datos.

Así las cosas, Fiscalía y acusación particular han mantenido sus escritos de calificación, aunque ambos decidieron introducir una posible pena alternativa, que reduciría a un año la condena por revelación de secretos, en caso de que la jueza no considere que en este caso existe la agravación que se produce, por ejemplo, al tratarse de una menor de edad.

Con fines "políticos o de notoriedad"

El directo, recuerda la acusación particular, no tenía ningún afán de publicidad, ya que «se había mantenido en el ámbito privado y no había sido publicado» por ellas.

Esa grabación fue utilizada presuntamente por la ahora acusada, con fines "políticos o de notoriedad", para verter una serie de mentiras contra las chicas y aprovechar esa violación grupal para iniciar una «campaña de descrédito» en la red Twitter -hoy X-, en la que Seguí tenía en ese momento 201.000 seguidores, contra la ley del ‘solo sí es sí’, que en ese momento, mayo de 2022, estaba en fase de tramitación parlamentaria. 

La publicación de los tuits con el vídeo y los sucesivos comentarios en la cuenta de Seguí García comenzó el 19 de mayo de 2022 -y continuó varios días más-, tres días después de que las dos menores fueran objeto de la violación múltiple -una de ellas sufrió una agresión sexual individual, primero, y grupal después, por parte de tres menores de los cuales uno ni siquiera es imputable, mientras que la otra niña fue víctima de una violación individual-.

Nada más producirse ese ataque en redes, Seguí fue denunciada por la asociación de defensa de los consumidores Facua ante la agencia de protección de datos, que obligó a la ultra a retirar los tuits y publicar su escrito demandando esa retirada, circunstancia que ella aprovechó para volver a hacerlos accesibles, incluido el vídeo, usando para ello la herramienta Tweetstamp, que permite ‘estampar’ o fijar cualquier tuit.

Las dos acusaciones coinciden en que la ultra cometió un delito de revelación de secretos, al promover la identificación de la niña -que tuvo que cambiar de instituto y ciudad tras el acoso sufrido, con un aluvión de «críticas y amenazas» porque la reconocieron en su centro escolar a raíz de esa publicación-, ya que «no ocultó o pixeló el nombre de usuario de la cuenta» de la menor y otro delito contra la integridad moral por los comentarios denigrantes que acompañaban el vídeo.

Con agravante de género

Entre ellos, citan el primero, cuando Seguí escribió: «Está todo mal no es una niña de 12, sino de 15 o 16, el sexo fue acordado y consentido y lo hicieron para hacerse famosas en TV gracias a medios de difusión de bulos como vosotros». Los cuatro acusados de las violaciones están a la espera de juicio y afrontan las máximas penas que prevé la ley, tal como adelantó este periódico.

Aunque ambas acusaciones coinciden en la tipificación de los delitos, las penas difieren porque la Fiscalía de Odio, que ha impulsado la causa desde el inicio, incluye la agravante de género. Así, la acusación pública pide, como calificación principal, tres años por la revelación de secretos y año y medio por el daño moral.

Graves secuelas psicológicas

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el despacho del penalista Juan Carlos Navarro en nombre de la madre de la menor que sufrió la agresión sexual grupal, demanda algo menos de cárcel: dos años y medio por la revelación de secretos y seis meses por el delito contra la integridad moral de la niña, que tenía 12 años cuando fue violada y a continuación vilipendiada en Twitter por la ahora acusada.

"Mi hija lleva seis meses sin apoyo psicológico desde la violación grupal porque no le han permitido declarar"

Sin embargo, en la indemnización la fiscal solicita 15.000 euros, mientras que la acusación particular eleva esa cuantía a 50.000 euros, entre otras razones, explicó ayer el letrado en la sala, para que la menor pueda afrontar el pago de las terapias que están requiriendo las gravísimas secuelas que pueden no desaparecer nunca.

Cinco años castigada sin Twitter

Las dos acusaciones piden que la ultra sea expulsada de Twitter durante cinco años, que su cuenta sea borrada y que no pueda crear ninguna más, petición que la Fiscalía acompaña con otra medida más: una orden de alejamiento que le impida acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con la menor por ningún medio durante ese mismo periodo de cinco años.

La niña continúa actualmente en tratamiento psicológico por las graves secuelas de aquellos hechos y de la difusión de esos tuits.