Compromís solicita al Defensor del Pueblo que investigue la ZBE de València

El pasado viernes el gobierno municipal aprobó en la Junta de Gobierno Local una ‘Moción de Impulso para la tramitación de la Ordenanza que regula el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones’. De este modo, el ejecutivo buscó ajustarse a los plazos establecidos por el Real Decreto Ley 1052/2022 del 27 diciembre, y el Ayuntamiento de València pasó a cumplir con su obligación de establecer un sistema de restricción de vehículos más contaminantes.

Sin embargo, según apunta el concejal de Compromís y ex responsable del área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, “todo es papel mojado”. Y es que, como apunta el concejal valencianista, la suscripción de ese borrador de plan a largo plazo, "además de no comprometer aún a nada", no ha implicado lo que exige la ley española a las ciudades a día de hoy: la activación de una zona, "por pequeña que sea, en la que se restrinja el acceso de vehículos según sus emisiones", y al tiempo se controle la evolución de la contaminación en esa misma zona. 

“A nuestra salida del gobierno dejamos el trabajo legislativo muy avanzado y trabajado con los agentes sociales, y la instalación de las cámaras y sus medidores ambientales, subvencionada y lista para iniciar la instalación. Y un año después sigue sin estar operando ni uno solo de los dispositivos para controlar los accesos ni se ha tenido en cuenta para nada el trabajo realizado con las entidades en el borrador de futura ordenanza, que pretende dejar la ZBE sin ninguna efectividad para reducir la contaminación”, resume Grezzi.

Por ese motivo, Compromís per València se ha dirigido formalmente al Defensor del Pueblo para solicitarles que investigue al Ayuntamiento de València “por no cumplir la Ley 1052/2022 en la creación de las Zonas de Bajas de Emisiones para garantizar la reducción de las emisiones y los contaminantes, que haga efectiva la protección de la salud y la adaptación al Cambio Climático”.

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En su escrito, Compromís advierte además que, según el borrador de Ordenanza, la aplicación de medidas que contribuyan a la reducción de la circulación de los vehículos motorizados más contaminantes se prevé a partir del 1 de enero de 2028, y solamente para vehículos que no tengan ninguna etiqueta o tengan etiqueta ‘A’. Además, no prevé ningún tipo de restricción para todo tipo de vehículo dedicado a la distribución comercial, tengan la etiqueta que tengan y de la antigüedad que sean. Por último, la propuesta de zonificación de la ZBE excluye explícitamente los barrios marítimos de la ciudad, "muy afectados por la circulación de vehículos pesados y camiones que dan servicio al Puerto, donde hay elevadas concentración de contaminantes", señalan.

“Estamos seguros de que el Defensor del Pueblo, como encargado de las Cortes Generales de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, tomará cartas en el asunto, porque el desafío de Catalá al Estado y el mal que comporta a la ciudadanía y a la salud pública es demasiado grave como para tomárselo a broma”, apunta Grezzi. 

“Solo hay que observar cómo, además de incumplir las leyes de España, el horizonte que plantea Catalá para 2028 en la vigilancia de la contaminación de tráfico es más laxa que la que ya aplican ayuntamientos como por ejemplo el de Madrid desde este mismo 1 de junio. Hablamos de que Catalá estaría ya hoy siendo más negacionista y ultra que algunos de los gobiernos más recalcitrantes del estado”, cierra el ex concejal de Movilidad.