Juzgan a una mafia de trata de seres humanos que prostituía a mujeres en la A-3

La trama de trata de seres humanos que prostituía a mujeres en áreas de servicio de la provincia de Valencia en la autovía A-3, desarticulada en 2019 por el grupo de Homicidios de la Guardia Civil y la Ucrif de la Policía Nacional, y que a su vez tenía ramificaciones con otra red de matrimonios de conveniencia con migrantes indios y pakistaníes, se enfrenta ahora a penas de hasta 21 y 26 años de cárcel para sus presuntos cabecillas. Pese a que en su día la jueza instructora de Sagunt acordó el ingreso en prisión provisional de varios de los arrestados, a día de hoy todos están en libertad por estos hechos y precisamente ninguno de los dos principales encausados, de nacionalidad albanesa, se ha presentado esta mañana ante el tribunal que debe juzgarlos a ellos y a otros nueve acusados.

Erjon Ll. ha sido declarado en rebeldía y su compatriota Argel L. ha justificado su incomparecencia, a través de su abogado, presentando un parte de lesiones por un supuesto accidente de tráfico que sufrió justo el día antes de la primera sesión del juicio. Así, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha tenido que aplazar la vista oral al próximo lunes, a la espera de la recuperación de este presunto cabecilla de la red de prostitución.

Dicha organización captaba a mujeres en sus países de origen aprovechándose de sus penurias económicas y falta de recursos. Les ofrecían un trabajo remunerado en España, y organizaban y financiaban el viaje hasta tierras valencianas. Una vez aquí las obligaban a ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída con ellos, sometiéndolas a un férreo control y las amenazaban con matarlas a ellas y a sus familiares si se negaban.

A una de las víctimas, que figura testigo protegido, la trajeron mediante engaños a España en febrero de 2019. La mujer había perdido a su padre hacía poco y le hicieron creer, tanto a ella como a su madre, que iba a trabajar en un restaurante. Pero tan pronto como aterrizó en Manises, en un vuelo procedente de Rumania, los dos principales encausados le dejaron bien claro, amedrentándola con todo tipo de amenazas, que debía prostituir su cuerpo si quería seguir con vida.

Así, cada día era trasladada a áreas de servicio de dicha autovía, en zonas que controlaba dicha trama, en vehículos Audi A3 y A4, para ejercer la prostitución desde las cinco de la tarde a las dos de madrugada. Los presuntos proxenetas fijaban los precios de los servicios y se quedaban con todas las ganancias. Para controlar sus movimientos y comunicaciones contaban con la colaboración de otras mujeres que también figuran entre los acusados.

Hasta tal punto llegaba dicho control que, según figura en el escrito de acusación de la Fiscalía, cuando una de ellas fue sorprendida mandando unos mensajes con el móvil, los dos principales procesados le propinaron bofetadas, le arrebataron el teléfono y le amenazaron con matarla a ella y sus familiares. “No vas a volver a Rumanía en 50 años”. En otra ocasión uno de ellos esgrimió una pistola cuando la víctima les dijo de acudir al funeral de un familiar.

Además del dinero de la deuda, las mujeres debían pagar 50 euros al día por ejercer la prostitución en las citadas áreas de servicio, al esgrimir uno de los cabecillas que había “comprado” la calle donde se prostituía. Otro de los puntos donde las obligaban a ejercer la prostitución era en la carretera CV-312, a la altura de Canet d’en Berenguer.

A uno de ellos también se le imputa una violación

En total hay once acusados para los que el Ministerio Fiscal solicita distintas penas. Para el que no se ha presentado tras alegar un accidente, el fiscal pide 21 años de cárcel y 7.200 euros de multa por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso medial con un delito de prostitución coactiva, y tres delitos más de prostitución. Para el otro presunto cabecilla, que está fugado, la pena se eleva a los 26 años al imputarle la violación a una de las víctimas.

Parte de las ganancias obtenidas por los acusados eran enviadas a sus países de origen. Entre agosto de 2011 y mayo de 2016 los investigadores detectaron 56 operaciones de envío de dinero a Albania y Rumanía por un importe total de 28.400 euros.

A uno de los acusados, sin permiso de residencia, únicamente se le imputa un delito de falsedad documental al haber estado trabajando como jornalero en el campo con la documentación de uno de los cabecillas. Pero no hay indicio alguno e que colaborara en la trama de prostitución.