El único juzgado penal de la Safor asume el trabajo que deberían hacer dos

El juzgado de lo penal de Gandia necesita un respiro. La memoria anual que elabora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que viene a recoger la situación en cada uno de los partidos judiciales apunta como una de las principales necesidades en Gandia la de volver a reforzar este órgano con un magistrado, como ya lo estuvo durante una década, entre 2010 y 2020. Esta sala registra 1.000 peticiones de ejecución de sentencia cada año y soporta una importante carga de trabajo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo sitúa, de hecho, como la sala con mayor volumen de ejecutorias, tanto incoadas como resueltas, de toda la Comunitat Valenciana. En el último ejercicio completo, 2023, registró 1.096 solicitudes y se resolvieron un total de 1.961, unas 250 más que en 2022.

Esta situación, según se explica en el documento, se viene repitiendo desde 2010. Ese año, la Conselleria de Justicia decidió implantar un juez para presidir vistas ante la gran cantidad de casos que se trataban. Diez años después, en junio del 2020, se retiraba ese refuerzo, pese a que no se ha reducido el número trámites que pasan por este juzgado.

Pese a las reiteradas peticiones por parte del decano de Gandia en estos últimos tres años, la Generalitat no ha prorrogado la estancia de este magistrado de apoyo, lo que ha provocado que el juez de la sala esté soportando actualmente «una carga de trabajo excesiva», según se recoge en la propia memoria. Esta situación provoca que el juzgado de lo penal de Gandia asuma trámites «como si de dos juzgados se tratase», según se lee en la memoria anual que firma el decano de Gandia, Juan Antonio Navarro, donde también apunta que es algo que «repercute de forma negativa en el funcionamiento del órgano judicial».

La misma memoria recoge la enésima petición para que Justicia envíe ese necesario refuerzo a dicho juzgado con el objetivo de que se reduzcan el número de casos que están pendientes de resolución definitiva.

En ese sentido, propone como media la dotación de un juzgado «bis» de refuerzo «que se encargue de la tramitación y la resolución de las ejecutorias», señala en el escrito. Reclama, además, que se haga «en los mismos términos en que fue aprobado el refuerzo desde el 8 de noviembre de 2010 hasta el 30 de junio de 2020» y recuerda los «logros evidentes alcanzados durante esos diez años en materia de celebración de juicios», lo que ayudó en esos años a desatascar el juzgado.

Lo que propone ahora el representantes del partido judicial de Gandia es que se destine a otro magistrado para el juzgado de lo penal que se dedique solo a la tramitación y resolución de las ejecutorias lo que, considera, «sería altamente efectiva para reducir el número de asuntos pendientes en ese trámite».

Un funcionario menos

El juzgado de lo penal de Gandia funciona actualmente con un juez magistrado y cuenta con un refuerzo de un Letrado de la Administración de Justicia, tres funcionarios de tramitación procesal y uno de auxilio judicial. A finales del 2023, la Conselleria de Justicia decidió no prorrogar el refuerzo de un funcionario, «lo cual ha supuesto una enorme disfunción para dicho órgano».

Ante esta situación, el decano propone «con el objetivo de paliar la situación de dicho órgano judicial en lo referente a las ejecutorias», la creación de un Servicio Común de Ejecutorias Penales que asuma la tramitación de estos procesos.