La oposición de Oliva recusa al instructor de las irregularidades de los chiringuitos

El expediente de investigación abierto por la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, para aclarar si ha habido más irregularidades en la adjudicación de los chiringuitos de la playa ha arrancado esta mañana con polémica. Para redactar ese expediente Pastor ha situado de instructor al concejal de Turismo y Playas, Salvador Llopis, lo que ha generado la inmediata reacción de los tres grupos políticos de la oposición, PSPV-PSOE, Compromís y PP, que lo consideraron inapropiado. Esas tres formaciones estiman que existen evidentes vínculos de amistad de Llopis con algunos de los empresarios que se adjudicaron esos chiringuitos.

Así que, en aras de la transparencia de un procedimiento que, y en eso coinciden todos, es delicado, la primera autoridad local ha aceptado la recusación que le ha exigido la oposición y ha cambiado al instructor. Joan Mata, concejal de Contratación, se encargará de dirigir el expediente que deberá determinar si se han producido «prácticas colusorias», consideradas ilegales, para quedarse con la gestión de los populares establecimientos de verano al menor coste posible. 

Justo eso es lo que se ha podido demostrar tras las averiguaciones realizadas por técnicos municipales a partir del recurso presentado por una mercantil que se sintió perjudicada por una acción coordinada e ilegal de «empresas vinculadas». Esa práctica llevó a la recurrente a tener que pagar 204.000 euros por la gestión del chiringuito que quería. Su recurso, que ha sido aceptado por el ayuntamiento, llevó a la exclusión de tres empresas y así se ahorró 142.178 euros en el contrato.

Ante los indicios de que esas mismas «prácticas colusorias» se han producido en varios de los restantes nueve chiringuitos repartidos por las playas de Oliva, el Gobierno local, formado por los grupos PRO y UCIN, decidió el viernes pasado abrir esa investigación administrativa.

El tema ha sido abordado en la reunión celebrada durante esta mañana en el ayuntamiento, y el primer roce se ha planteado entre los dos grupos del Gobierno local, PRO y UCIN, y los tres de la oposición, PSPV, Compromís y PP, a cuenta del instructor del expediente.

La polémica apenas ha durado unas horas. La primera autoridad local ha aceptado relevar a Llopis y situar a Joan Mata. Fue justamente este último, como responsable de Contratación, quien firmó el decreto que excluía a las tres empresas que realizaron las prácticas colusorias en el caso del chiringuito objeto del recurso, hecho del que informó Levante-EMV este domingo pasado.

Apoyándose en los técnicos municipales de su propio departamento, su misión ahora es determinar si, como se sospecha, hay motivos para excluir a otras empresas por estas mismas prácticas realizadas en otros chiringuitos. Como adelantó este periódico el domingo, existen muchos indicios de que así ha sido y que el ayuntamiento ha podido dejar de ingresar un millón de euros que habría recaudado adjudicando a las empresas que plantearon las ofertas económicas más elevadas.

Los técnicos: «Se tendría que haber suspendido la adjudicación»

Muchas son las consecuencias que puede acarrear la investigación que acaba de abrir el Ayuntamiento de Oliva sobre posibles prácticas ilegales para quedarse los chiringuitos de Oliva al menor coste posible, pero entre ellas no se descarta que pudiese derivar en la suspensión de los contratos, que tienen una vigencia de cuatro años y, por lo tanto, caducan en el verano de 2026.

Los técnicos municipales que analizaron el recurso de la empresa que detectó esta situación apuntan justamente en ese sentido. «En puridad, tras la presentación del recurso, se tendría que haber suspendido el procedimiento de adjudicación de este lote», si bien reconocen que eso «habría causado un evidente perjuicio económico al adjudicatario» porque se habría quedado sin explotar el chiringuito durante todo el verano.

Esa reflexión lleva a pensar que si la investigación concluye que ha habido «prácticas colusorias» en otros establecimientos de playa, el ayuntamiento tendría base legal para suspender los contratos y abrir un nuevo procedimiento de licitación de cara al próximo verano.