Antifraude afea a l’Alcúdia la forma de elegir al tribunal de una oposición

La Agència Valenciana Antifrau ha constatado la presencia de irregularidades en una oposición convocada por el Ayuntamiento de l’Alcúdia, en enero de 2023, para dar cobertura a tres plazas de técnico medio de administración general. El organismo autonómico ha reclamado al consistorio que subsane las deficiencias de inmediato.

La investigación arrancó con una denuncia que alertaba de un posible incumplimiento de la normativa que rige la composición de los tribunales encargados del procedimiento de selección. Igualmente, el delator consideraba que existían indicios de que se había filtrado alguno de los ejercicios y de que un familiar directo del alcalde resultaría uno de los adjudicatarios de los puestos de trabajo a cumplir.

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Un primer análisis de la documentación sobre el caso corroboró que los hechos denunciados tenían cierta veracidad y que se requería una investigación por parte de la agencia, cuyos expertos consideraron que la designación de tres funcionarios municipales (un informático, un arquitecto y una arquitecta técnica) como miembros del tribunal de selección podía suponer un fraude de ley. 

Cambio de secretario

El informe elaborado por la agencia detalla la composición del órgano técnico de selección y encuentra, en esta, una de las primeras irregularidades. Al respecto, recuerda que entre los principios que rigen la elección de los componentes de un tribunal se encuentran la idoneidad y la profesionalidad, es decir, quien juzgue a los candidatos debe conocer la rama concreta para la que se les examina. «No parece que los tres vocales titulares designados y que participaron en el proceso selectivo cumplan las premisas indicadas», subraya Antifrau.

Paralelamente, el documento reseña que la secretaría del tribunal recayó en un funcionario ajeno al ayuntamiento (aunque había pertenecido al consistorio con anterioridad ya no era empleado público del consistorio alcudiano) en vez de en el secretario actual, como ha sucedido en otros procesos, «sin que conste acreditada la delegación ni justificación documental que motivó tal circunstancia».

Titulación exigida

A ello, la agencia añade que dos de las plazas de la relación de puestos de trabajo estarían «viciadas» por la clasificación de la escala en la administración general y la titulación exigida y que el temario propuesto en las bases de la convocatoria tampoco se adecúa a las funciones que debían cumplir los futuros funcionarios.

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Ante tal escenario, Antifrau reclama al consistorio que subsane las irregularidades que se han producido en el proceso de selección y le otorga un plazo de tres meses para que inicie los trámites oportunos. La agencia insiste, igualmente, en que realizará un seguimiento del caso para garantizar que se corrigen las faltas. Con todo, no ve indicios suficientes para considerar que esta circunstancia representa una actuación corrupta o fraudulenta. 

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