Cullera ve inevitable el "Manhattan"

El «Manhattan», el nuevo barrio residencial de Cullera que llenará de edificios de gran altura la codiciada franja de terreno que queda por urbanizar junto a la desembocadura del Júcar, tiene su futuro garantizado. Las obras comenzarán antes o después, pero los derechos adquiridos por los propietarios de los solares y las sentencias judiciales que obligan al ayuntamiento a convertirse en agente urbanizador impiden barajar otra alternativa. El último intento de tumbar ese megaproyecto urbanístico lo protagonizó Compromís en el pleno municipal y también fracasó, como todos los anteriores.

Cullera mantiene su apuesta por un Manhattan «más sostenible»

El portavoz de la coalición nacionalista, Adrià Gomar, quiso rebelarse contra la obligación de desarrollar un plan urbanístico «desfasado» e incompatible con la sostenibilidad que impone el cambio climático, una estrategia que, en paralelo, servía también para desgastar a un PSOE hegemónico en el municipio. «El PAI de la Bega es un megaproyecto de la época del desarrollismo del PP que ha envejecido muy mal. De hecho, todas las consideraciones ambientales y climáticas aconsejan no admitir esa barbaridad, pero, como en tantos temas, como el Puerto de Valencia o los tratados de comercio, el PSOE dice una cosa y vota otra», sentenció el concejal de Compromís.

«El megaproyecto del desarrollismo del PP ha envejecido muy mal», claman los nacionalistas, que piden desactivarlo

Gomar reclamó al gobierno municipal que solicitara informes jurídicos para valorar la caducidad del Manhattan y la necesidad de disponer de un estudio que evalúe el impacto ambiental que causaría un proyecto urbanístico de esas dimensiones. «Considerando la complejidad jurídica que envuelve el urbanismo y el consenso social a favor de un futuro más verde y más sostenible, Compromís se posiciona claramente en el marco de la mayor prudencia, y más aún en actuaciones de la magnitud de ese PAI», defendió antes de alertar sobre las consecuencias de mantener vivo el proyecto: «Cualquier paso que se dé en falso para realizarlo puede ser irreversible». 

Intereses contrapuestos

Los nacionalistas también invitaron a reflexionar sobre la dirección que tome el nuevo Consell, integrado por representantes del PP y Vox, que quiere aprobar una ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. «Es preocupante que se esté tramitando esa ley sin querer aclarar la situación jurídica y ambiental de los planes urbanísticos y territoriales abandonados», apuntó Adrià Gomar, que no pudo más que clamar en el desierto. Su propuesta quedó rechazada ante la aplastante mayoría del PSOE y los votos, también contrarios, del PP y Vox. 

Trabajaremos en el cumplimiento de la sentencia hasta que podamos. Somos dirigentes responsables, tenemos que acatar la legalidad. Estamos volcados en cumplir la sentencia con las herramientas que tiene el ayuntamiento, hasta donde podamos

Jordi Mayor

— Alcalde de Cullera

El equipo de gobierno aclaró que está obligado a cumplir una sentencia del TSJCV. Tanto el concejal de Urbanismo, Bernardo Escolá, como el alcalde, Jordi Mayor, recordaron a Compromís que el ayuntamiento está condenado en una sentencia judicial «a desarrollar el PAI mediante la gestión directa». El proyecto de la Bega se aprobó hace justo 20 años. El solar está considerado como urbano desde 1965. Es más, el suelo es urbano consolidado tras aprobarse el proyecto el 31 de agosto de 2004. «Y el PSOE votó en contra, pero salió adelante», recalcó la primera autoridad local para despejar dudas sobre su opinión.

El urbanismo salvaje le sale caro a Cullera

El agente urbanizador era la empresa pública municipal Emucsa, ya liquidada, que estaba jurídica y económicamente incapacitada para llevar a cabo un proyecto de esa envergadura. Además, la anterior Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Generalitat, pedía dos millones de euros para pagar al despacho de arquitectura que proyectó el Manhattan. «Y debe pagarlos el ayuntamiento», matizó el gobierno local. La actual corporación firmó un convenio «para imputar esos 2 millones al PAI, con lo que se añadirán a los costes de urbanización», precisó Escolá.

Un proyecto de 100 millones de euros

El proyecto «es inasumible para Cullera, que no puede financiar una urbanización de 100 millones de euros», agregó el alcalde. Para poder cumplir la sentencia, se recurrió a la iniciativa privada para que se hiciera cargo del elevado coste de urbanización, pero uno de los propietarios no estaba de acuerdo, lo denunció y la justicia le dio la razón. Esa sentencia obliga ahora al ayuntamiento a convertirse en agente urbanizador. «Estamos negociando con la propiedad, porque la fuerza la tienen los propietarios, y hay que llegar a acuerdos con ellos», avanzó.

El ayuntamiento tiene la obligación legal de mantener el proyecto, pero no lo puede financiar al no disponer de recursos. «Trabajaremos en el cumplimiento de la sentencia hasta que podamos. Somos dirigentes responsables, tenemos que acatar la legalidad. Estamos volcados en cumplir la sentencia con las herramientas que tiene el ayuntamiento, hasta donde podamos», zanjó Mayor.

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