La reactivación de la presa proyectada por el Ministerio deTransición Ecológica para regular los caudales del río Cànyoles y evitar inundaciones que provoca el río Albaida en la Ribera ha sentado como un jarro de agua fría en los ayuntamientos de las dos localidades más afectadas por la infraestructura. Tanto la alcaldesa de Montesa, Analía Juan (Compromís), como la de Vallada, María José Tortosa (PSPV), anunciaron un frente común contra la construcción que comienza por la presentación de alegaciones en la fase previa de consultas que acaba a finales de este año.
Como ayer avanzó Levante-EMV, el Gobierno ha licitado la redacción de un nuevo proyecto con un coste de 1,2 millones de euros que tendría que estar listo en un plazo de dos años. El objetivo es construir la presa de laminación contemplada en diferentes planes hidrológicos y contra inundaciones que se han elaborado en las últimas dos décadas y que ha sufrido repetidos aplazamientos desde que en 2008 se aununció el inicio de las obras.
Aunque las paredes de la futura presa -que alcanzaría los 56 metros de altura- se ubicarían en término municipal de Montesa, la superficie inundable de agua recaería en terrenos de Vallada y llegaría prácticamente hasta las inmediaciones del puente que da acceso al municipio, según los estudios técnicos preliminares.
«Estamos totalmente en desacuerdo y nos opondremos con todos los medios. La presa partiría nuestro término en dos y nos inundaría una gran parte del mismo», manifiesta Tortosa, que recibió ayer con sorpresa la noticia de la licitación del proyecto y se mostró muy crítica con la poca información trasladada a los consistorios hasta el momento. «Nos enteramos de causalidad. Esperaba que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) me llamara porque mantuvimos varias conversaciones y me dijo que se enteraría de la actuación, sin darle mucha importancia. Pero no hemos recibido ninguna comunicación ni de la CHJ ni del ministerio», lamenta la alcaldesa de Vallada, antes de avanzar que se pondría en contacto de forma inmediata con el organismo de cuenca para pedir explicaciones. «No se puede usar a los municipios de interior como piezas de recambio ni utilizar el territorio para invadirlo con mil infraestructuras porque les viene bien a las poblaciones más grandes. Parece que las comarcas de interior solo servimos de paso», ahonda la también presidenta de la Mancomunitat.
En esa misma tesis incide la alcaldesa de Montesa. Analía Juan confiesa que en esta zona de la Costera están «un poco hartos de tanta infraestructura», con la pelea contra las macroplantas solares en un paisaje protegido aún candente y después de los trastornos provocados por las interminables obras del AVE, por la subestación eléctrica de Adif o por el gasoducto de Montesa.
«La impotencia es grande»
Juan advierte de que la presa se proyecta pegada a un paraje natural municipal y admite que la «impotencia es grande» porque al tratarse de un proyecto declarado de utilidad propia la lucha ha de centrarse más bien en reducir al máximo el impacto de una infraestructura que el ministerio considera impresdindible para atajar los peligros de crecidas, especialmente en la Ribera. «No sé si vamos a poder hacer algo», coincide Tortosa.
