Alquiler vacacional: el debate está servido

Dice la RAE que debatir es luchar resistiéndose con esfuerzo y agitación, términos que se ajustan al actual momento del sector turístico e inmobiliario. Los arrendamientos, clasificados como : habitual o larga duración, de temporada por debajo de los once meses de prestación, turístico vacacional y por habitaciones, tienen cada uno su legislación aplicable, polémicas asociadas, defensores y detractores casi a partes iguales.

Como ancho es el campo que diría el castizo, centremos el tiro en el alquiler vacacional hoy en ojo del huracán. Para esta opción de arrendamiento no existe una normativa única a nivel nacional, son las Comunidades Autónomas y Municipales las que promulgan sus leyes y regulaciones para el desarrollo de la actividad.

Si detallamos a su vez los alquileres vacacionales, encontramos los alquileres de temporada entre particulares por cortas estancias regido por el Código Civil; las viviendas de uso turístico propiedad de un particular que decide alquilarlo a un visitante o turista por un corto periodo de tiempo regulado por la ley de Propiedad Horizontal para viviendas en edificios; y los pisos turísticos concebidos desde su construcción para esa finalidad de alquiler con más servicios aproximándose a un hotel y legislados por la Comunidad Autónoma correspondiente, exigiendo al titular una Declaración Responsable para el inicio de la actividad y una Inscripción del inmueble en el Registro específico.

Tras esta información previa, entramos de lleno en el verdadero debate que surge por el alquiler de pisos turísticos. Datos recientes confirman que más de 33 millones de turistas nos han visitado hasta finales de mayo de 2024, aumentando un 14% respecto al año pasado e incrementando los gastos asociados en un 20%. Es el motor más importante de nuestra economía con un 12,8 % del PIB que generaron 186.596 millones de euros en 2023.

Pero no todo vale para justificar la bonanza económica. Ruidos, aglomeraciones, excesos de viviendas turísticas, desplazamiento de la población local, encarecimiento del precio de la vivienda, fuerte impacto medioambiental, saturación de servicios e infraestructuras, son algunas de las contrapartidas que deben necesariamente considerarse.

Manifestaciones de miles de ciudadanos en varias ciudades españolas, regulaciones autonómicas y municipales para limitar el alquiler turístico, propuesta legislativa del gobierno para cambiar la Ley de Propiedad Horizontal que permita a los vecinos vetar la apertura de pisos turísticos, son actuaciones que intentan evitar el desmedido incremento de la vivienda turística.

Son otros los que comprando una vivienda como inversión, adaptándola a la normativa, exigen que su adquisición les aporte una alta rentabilidad como vivienda de uso turístico.

Parece lógico pensar que buscar el punto de equilibrio entre las más de 300.000 viviendas turísticas que según el INE hoy se localizan en nuestro país, su rotundo incremento año a año y el impacto social, medioambiental, servicios e infraestructuras afectadas, se plantee como necesidad primordial dadas las fuertes repercusiones, que las administraciones y asociaciones del sector turístico e inmobiliario se emplacen a caminar juntos y entenderse por el demandado y necesario bien social.

JESÚS CRUZ

Físico y Diplomado en Ingeniería Nuclear. Director de Seguridad