Becados en el deporte, vetados en la educación

Dilucidar si los alumnos deportistas deben cursar o no asignaturas como informática o francés no es más que una anécdota en el absurdo panorama de ocurrencias al que asistimos en la educación. Tal y como tenemos el patio, a ritmo de bandazos legislativos, a quién le importa qué estudian, o si estudian, unos cientos de adolescentes que compatibilizan su preparación deportiva y académica. Pero cada vez que relato lo que ha pasado en mi instituto, el IES 1 de Cheste, un centro público en el que solo pueden matricularse deportistas becados por la Generalitat Valenciana, la gente no entiende cómo se consienten cosas así.

En el Complejo Educativo de Cheste se desarrollan catorce Planes de Especialización Deportiva. Para el acceso, los alumnos tienen que solicitar en su matrícula no estudiar las materias optativas en Secundaria y Bachillerato, mientras que están obligados a cursar la Educación Física.

¿Solicitar no estudiar las optativas? ¿Solicitar no estudiar? No es que la frase chirríe, es que clama al cielo que se pida al alumnado que no estudie algo si quiere hacerlo. Pero así lo escribieron en la Orden 15/2023, aprobada por el gobierno anterior, recurrida en reposición por las familias, y mantenida por la actual administración. El cuento, cuyo relato detallado no tiene desperdicio, acaba embarcándome en la lamentable desventura de interponer un contencioso a la consejería para la que trabajo. Y de toparme con la personación en contra de trece federaciones deportivas y de la exdirectora del instituto en el que he tenido destino la friolera de diecisiete años.

Lo primero que cabe preguntarse es por qué convalidar las optativas por la práctica deportiva. Qué tendrá que ver un refuerzo de matemáticas o una lengua extranjera con un entrenamiento. Porque, además, esto de que los deportistas convaliden estas cosas solo se permite aquí. En el resto de España, el deporte se convalida por deporte, y la música por música, sin mezclar churras con merinas.

La Consejería presenta estos programas explicando que «las tendencias actuales del deporte de alta competición exigen una más temprana detección de talentos, olvidando gran parte de la formación académica del joven y restringiéndole oportunidades laborales tras su vida deportiva». Desde luego, con la Orden han bordado esas restricciones. Y es que, mayoritariamente, estos estudiantes no son deportistas de alto nivel y no acceden a la universidad por ese cupo, siendo las optativas una oportunidad de mejorar su media y de ponderar en el ingreso.

También es llamativa la obligatoriedad de cursar la Educación Física, a pesar de las quince horas semanales de entrenamientos que tienen, y de que dos Reales Decretos garanticen el derecho a la exención en todos los centros educativos de España, excepto en el particular limbo de Cheste. Vayan ustedes a preguntarse la razón.

La Abogacía de la Generalitat ha cuestionado mi legitimación ad causam porque «la posible vulneración de los derechos alegados habría de hacerse valer por los eventuales afectados». Independientemente de que la aplicación de la Orden haya supuesto la desaparición de mi plaza en el IES 1 de Cheste, los entresijos legales pueden acabar por negarme la legitimidad educativa y moral que sí siento cada día cuando estoy con mis alumnos.

Lamentablemente, cada vez veo más claro que esto de la educación se nos ha ido de las manos. Y es que ahora resulta que las federaciones deportivas pueden ya decidir lo que deben estudiar o no los chavales que quieren acceder a una beca deportiva pagada con dinero público, en un centro de enseñanza también público.

En manos de la Justicia está ahora la palabra. Confío en que será capaz de poner un límite razonable a lo que considero un atropello. Confío en que todo este desgaste habrá valido la pena por tener la convicción de haber hecho lo correcto y de entender así, como muchos otros, nuestras obligaciones como docentes y educadores.