En defensa de los defensores de Derechos Humanos

Sí, a los abogados defensores también los persiguen y encarcelan. Especialmente a los abogados defensores de activistas por los Derechos Humanos. Nos lo recuerdan casos sangrantes como el de la abogada iraní Nasrin Sotoudeh, condenada a 38 años de cárcel y 148 latigazos por defender los derechos de las mujeres en Irán. Sotoudeh fue liberada tras una campaña mundial, la que ahora necesitan los abogados que luchan por un Estado de Derecho en Guatemala, y que ven restringido su derecho a la defensa e incluso impelidos al exilio. Fundación por la Justicia -FxJ- lidera esta causa a través del proyecto ‘Visibilización y defensa de activistas de Derechos Humanos por parte de abogados y abogadas defensores de Derechos Humanos en Guatemala’.

Es otra forma de matar al mensajero, como a los periodistas de El Salvador, cuya libertad de prensa sigue en peligro. Y así lo dejaron por escrito las Corts Valencianes hace dos años a solicitud de FxJ, a través de una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Derechos Humanos del legislativo valenciano. Gracias.

En esta ocasión, se espera la misma generosidad por parte de las nuevas Corts, constituidas ya hace un año, para con los abogados defensores de los Derechos Humanos en Guatemala. Se trata de uno de los proyectos que FxJ abandera, para recordar que los derechos de que gozamos son tan débiles que puede que no lleguen a cruzar al otro lado del océano, pese a que los asumimos como universales.

El proyecto “Visibilización y defensa de activistas de derechos humanos por parte de abogados y abogadas defensores/as de derechos humanos en Guatemala”, financiado en 2023 por la Generalitat Valenciana, ha desarrollado desde entonces una campaña de sensibilización con jornadas a nivel educativo en la Universitat de València y la Universitat Jaume I de Castelló o el Instituto de secundaria de Cheste. También se ha contado con la complicidad del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia -ICAV- por el impulso de su vicedecana, Rebeca Lino, a su vez patrona de FxJ.

En Valencia estuvieron los abogados guatemaltecos Jovita Tzul Tzul, integrante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala (CALDH), y Edgar Orlando Putul Chub, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala (NIM AJPU), testigos de una realidad inconcebible e inadmisible.

Por ahora, sólo dos grupos parlamentarios de las Corts han atendido la petición de FxJ proponiendo un debate en la Comisión de Derechos Humanos y la aprobación de una Declaración Institucional sobre tan esencial derecho como el de Defensa. Agradecimos la acogida de don Jose Maria Llanos y doña Ana Bellver, del grupo parlamentario VOX, quienes nos hicieron saber que los temas de cooperación internacional dependen de Madrid; así como la de doña Rocio Ibañez del PSOE, quien se comprometió a impulsar esta petición en la Comisión de Derechos Humanos. Tras varios meses de espera, la situación se encuentra en ‘stand by’. El resto de partidos políticos, PP en el gobierno y Compromís en la oposición, aún no han atendido nuestra petición.

Mientras tanto, los abogados guatemaltecos siguen viendo vulnerado el derecho a la defensa y reclamando un tribunal imparcial, incluso desde el exilio por temor a represalias. Ya en 2022, un informe de Teresa Lozano, de la Universidad de Texas (Estados Unidos), alertaba de que «la decisión presidencial de cerrar la misión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019» había desatado la «criminalización y ataques en contra de defensores de derechos humanos, especialmente de aquellos comprometidos en la lucha contra la corrupción y los derechos humanos e indígenas».

Según la información proporcionada directamente a FxJ desde el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), se ha constatado el incumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional por parte de las más altas autoridades del Gobierno de Guatemala, con propuestas legislativas para promover la aprobación de leyes regresivas. Desde 2019 el ejercicio profesional de los abogados y abogadas que acompañan, asesoran y litigan se encuentra en una situación de criminalización o estigmatización, tal como lo están padeciendo también jueces y fiscales independientes del sistema de justicia en Guatemala.

Fundación por la Justicia hace un llamamiento a las Corts para visibilizar esta situación, sensibilizar a la ciudadanía y reforzar a las víctimas sobre la flagrante vulneración de los derechos y la democracia en Guatemala, según el proyecto comprometido con la Generalitat Valenciana y llevado a cabo en el último año. n