No es el dinero, es la sanidad

En breves días, se cumplirá un año desde que asumí el reto profesional más importante de mi vida jurando mi cargo como presidente de la Comunitat Valenciana. El principal motivo que me llevó a asumir esta gran responsabilidad fue el de servir a todas las personas de nuestra Comunitat en las mejores condiciones posibles. Soy plenamente consciente de que uno de los pilares fundamentales sobre el que se sustenta nuestro estado de bienestar es el Sistema de Financiación Autonómico por el cual las comunidades autónomas pueden sufragar servicios públicos fundamentales como son: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Todo empezó hace poco más de 40 años, con la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía (1982) y con el traspaso de competencias (a finales de los años 80) que nos permitió convertirnos en uno de los países con mayor índice de descentralización y autonomía de gastos que existen en nuestro entorno europeo.

Son innegables los avances de progreso y prosperidad experimentados por nuestra Comunitat Valenciana y el resto de comunidades autónomas a lo largo de todos estos años y, por tanto, no puedo dejar de aprovechar la ocasión para manifestar que, en términos generales, esta descentralización ha supuesto una mejora sustancial en la prestación de nuestros servicios públicos.

Pero un Estado descentralizado como el nuestro no debe llevar implícito un estado desigual en los ingresos por habitante que recibimos cada comunidad autónoma para prestar los servicios que la Constitución nos ha encomendado. Todo lo contrario. Nuestra propia Constitución propugna en su primer artículo como valores superiores al ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Desgraciadamente y muy a mi pesar, este principio de igualdad ha sido mermado en el transcurso de los años con las sucesivas modificaciones del actual sistema de financiación y, más recientemente, con procesos como el de la amnistía vivido estas últimas semanas que, sin duda, quebrantan nuestros valores del ordenamiento jurídico. Como president de la Generalitat, nunca antepondré mi voluntad personal a la soberanía del pueblo que, desde la libertad, ha considerado otorgarme el mayor honor que un valenciano, alicantino o castellonense pueda ostentar como es el de representarles. Mi deber, obligación y la razón de mi vida en estos momentos es estar a su servicio representándoles y defendiéndoles cada una de las horas y cada uno de los días.

Por tal motivo, y aun a riesgo de adelantarme a la posible negociación o no que puede producirse en los próximos días, no puedo permanecer callado ante las palabras del presidente del Gobierno, el señor Sánchez, corroboradas por la Ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, respecto de la posibilidad de articular una financiación singular para Cataluña con el único propósito de convertir al señor Illa en president de la Generalitat de Cataluña, a costa de romper una vez más nuestro marco constitucional. Debería saber la ministra, siendo consejera de Sanidad y Consumo en Andalucía en 2009 que el señor Zapatero ya concedió una singularidad a Cataluña con los Fondos de Convergencia (sin el Unió) de 937 millones de € de los 2.537 millones otorgados a dicho fondo.

Señor presidente del Gobierno, le puedo asegurar que no hay mayor singularidad que la de ser la Comunidad peor financiada desde el 2009; no hay mayor singularidad que la de tener el mayor déficit de España después de 8 años de Botànic, y no hay mayor singularidad que la de ser una de las regiones de Europa con mayor deuda en términos de PIB, el 42 %, y no por gastar más sino por ingresar menos, como es el caso de la comunidad que presido, la Comunitat Valenciana. Es muy grave plantear una reforma del sistema de financiación por el supuesto maltrato a los españoles catalanes, dejando una vez más de lado a los españoles valencianos y murcianos.

¿Ha pactado usted la condonación de 15.000 millones de euros con Cataluña por la merma de ingresos en la recesión económica? Sería un encomiable objetivo y fundamental en una hipotética condonación de deuda valorar la posibilidad que todas las comunidades pudiéramos salir al mercado de una manera más eficiente, de forma que se cumpla el mandato constitucional de autonomía financiera y permita mejorar el grado de cumplimiento de las reglas fiscales gracias a la propia disciplina de mercado. En el caso de la Comunitat Valenciana, ya le adelanto que este objetivo no se cumpliría si no viene acompañado de un cambio en el sistema de financiación, y siempre que el volumen condonado sea suficiente para la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Le recomiendo el último informe publicado por FEDEA en materia de deuda.

En cualquier caso, me he propuesto escribir este artículo con el ánimo de aportar una posible solución a uno de los mayores desafíos de nuestro país como es el caso de la reforma del sistema de financiación autonómica, caducada desde hace ya más de 10 años en virtud de La Disposición Adicional séptima de la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, que establece la revisión quinquenal del sistema y tal como ha sucedido en todas las modificaciones anteriores excepto en la del 2001. Quizás porque en 2006 ninguna comunidad era consciente de la que le venía encima, o quizás porque el señor Zapatero ya estaba pergeñando lo que a la postre sería una merma considerable de ingresos por habitante de la Comunitat Valenciana y otras como Murcia, Castilla La Mancha y Andalucía respecto a resto de comunidades de Régimen Común. En términos porcentuales, más de 30 puntos de diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor.

Pero, para realizar una propuesta, previamente debemos ser conscientes de los problemas fundamentales que adolece el actual sistema y que en palabra de la Comisión de Expertos nombrada por las Corts Valencianes son los siguientes:

Insuficiencia global y desequilibrio vertical. Los ingresos del modelo se sitúan permanentemente por debajo del gasto calculado en base a la evolución de necesidades.

Equidad y equilibrio horizontal. En 2009, el Fondo de Garantía aspiraba a igualar los recursos por habitante ajustado necesarios para financiar los servicios públicos fundamentales, pero los otros fondos (Fondo de Suficiencia, Fondo de Convergencia y Fondo de Competitividad) alejaron los resultados de igualar la financiación por unidad de necesidad. Las diferencias de financiación por habitante son del 30 % entre las comunidades autónomas de régimen común, y alcanzan hasta el 50 % en el caso de las forales.

Autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal. La capacidad de las comunidades de régimen común para decidir sobre el nivel de sus ingresos se encuentra limitada porque disponen de escasos instrumentos tributarios para responder a las caídas de recaudación, al carecer de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan.

Lealtad y cooperación institucional. En un Estado descentralizado como es el nuestro, la cooperación entre gobiernos no solo es necesaria sino imprescindible a la hora de coordinar múltiples funciones. Desde el año 2017, no ha existido una Conferencia de Presidentes para hablar de financiación y el funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera adolece de mecanismos por los cuales se tengan en cuenta las consideraciones de las comunidades autónomas.

Desde 2009 hasta la actualidad, la evolución de la financiación autonómica no ha seguido las necesidades que determina las necesidades reales. El incremento de la población, unido a otros factores como el envejecimiento, el encarecimiento de tratamientos médicos o el aumento en el número de personas dependientes hace que todas las comunidades autónomas estemos viendo una presión al alza en el coste de los servicios prestados durante los últimos años.

Este aumento, unido a otros factores como la inflación y la subida en los tipos de interés, no se está viendo compensado con el consiguiente incremento de ingresos de manera suficiente. El objetivo de déficit cero impuesto a las comunidades en el último consejo es poco realista y así lo refleja la AIREF en sus informes.

Por todo ello, y en base al documento Elementos Clave para la Reforma del Sistema de Financiación (un Avance por Fases) hago nuestra la propuesta de la Comisión de Expertos presentada en las Corts Valencianes el 21 de julio de 2021 y propongo una reforma parcial pero efectiva, centrada en los siguientes elementos:

PRIMERO. Los servicios públicos fundamentales son prestados a personas y, por tanto, la población ajustada debe considerar fundamentalmente variables demográficas, ponderando los tramos de población en los que se produce una diferente intensidad de necesidades en servicios públicos y valorando la población de derecho para el resto de los servicios.

SEGUNDO. La configuración de fondos actual resulta compleja, por lo que proponemos una simplificación de estos, prevaleciendo el fondo de garantía integrado por el 75 % de la capacidad tributaria de cada una de las comunidades autónomas por su recaudación normativa del IRPF, IVA, Impuestos Especiales y Tributos Cedidos, más una transferencia vertical del Estado a las comunidades autónomas resultante de la aportación actual al fondo de garantía, suficiencia global y convergencia (esta transferencia no supone mayor aportación del Estado a la ya actual).

TERCERO. Fondo de Compensación Autonómica para completar el objetivo de que ninguna comunidad autónoma vea reducida su financiación nominal en el año base, definidos en el punto segundo y destinado a igualar los ingresos que reciben las comunidades autónomas en términos de euros por habitante con la dotación necesaria en esta ocasión por parte de la Administración central.

Para tratar estos asuntos en materia de financiación, solicito la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes y posterior Consejo de Política Fiscal y Financiera, de forma que se pueda debatir de manera multilateral un nuevo sistema de financiación en el que prevalezca el criterio de la población y la igualdad de todos los españoles, independientemente de donde residan.

En definitiva, nuestra propuesta cumple con los principios constitucionales de igualdad entre los españoles y solidaridad entre regiones, incrementando los recursos del sistema de forma que nadie pierda, pero que se pueda compensar en primera instancia, de una manera justa, a aquellas comunidades que más lo requieren. Siempre he defendido y defenderé un Estado social y democrático. Siempre he defendido y defenderé la libertad en las decisiones desde el respeto a los demás. Siempre he defendido y defenderé la justicia y, de manera especial, la social. Siempre he defendido y defenderé la igualdad entre hombres y mujeres, pero también entre territorios. Pero, por encima de todo, siempre voy a defender a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Ejerceremos en toda su extensión nuestra capacidad estatutaria para defender nuestros intereses que son los de todos en todos los ámbitos sociales, políticos y jurisdiccionales que correspondan.