Crisis, pobreza y desigualdad: estado de la cuestión

Se trata de problemas profundos de carácter estructural y efectos multidimensionales que, en el caso español, registran niveles superiores a la media europea, si bien estarían reduciéndose en los últimos años, gracias al escudo social desplegado por el Gobierno progresista, que ha operado como factor diferencial clave en la gestión de la crisis. Mientras que durante la gran recesión (2008-2015) el PIB experimentó una caída del 3,7 % y la tasa de pobreza aumentó en un 9,7 %, durante la crisis provocada por la covid (2020-2021) ambas magnitudes siguieron pautas diferentes: fuerte reducción del PIB (-10,7 %) pero, tras el dramático shock inicial, una rápida recuperación no sólo frenó el aumento de la tasa de pobreza, sino que logró rebajarla (-2,5 %). La principal razón explicativa de dicha disparidad deriva de las diferentes agendas políticas aplicadas en ambos períodos para enfrentar las respectivas crisis económicas.

En el primer caso se optó por una estrategia procíclica, basada tanto en los recortes de gastos y servicios públicos (para intentar reducir la deuda y cuadrar las cuentas del Estado) como de los salarios de los trabajadores (con el pretendido objetivo de ganar competitividad de cara al exterior), lo que produjo efectos muy negativos sobre la población, especialmente la de rentas medias y bajas, con el consecuente incremento de la pobreza y vulnerabilidad de amplios colectivos sociales.

Por el contrario, la respuesta del Estado a la crisis originada por la pandemia tuvo una clara orientación contra-cíclica, destinada a proteger a la población más vulnerable y a sostener el sistema económico mediante el incremento del gasto público destinado a la protección de empresas y personas a través de los ERTE (garantizaron la continuidad de medio millón de empresas y el salario de 3,5 millones de trabajadores, 346.000 de ellos en la Comunitat Valenciana), el Ingreso Mínimo Vital (1,9 millones de beneficiarios, de los que 206.500 residen en nuestra Comunitat), el incremento del Salario Mínimo (+47 %) y la Reforma Laboral que ha contribuido decisivamente a la expansión cuantitativa y mejora cualitativa del empleo (20,9 millones de afiliados a la Seguridad Social y reducción a la mitad de la tasa de temporalidad contractual).

El despliegue inicial de dicho escudo social evitó que en 2021 un millón y medio de personas cayera en situación de pobreza (XII Informe EAPN) y su posterior mantenimiento y refuerzo (medidas de protección social frente a la crisis energética y los efectos de la guerra de Ucrania) consiguió reducir en otras 840.000 personas el volumen total de población española en riesgo de pobreza. Sin embargo, a pesar de dicha mejora, alrededor de 9.676.000 personas (el 20,4 % de la población de nuestro país) vive con ingresos inferiores al 60 % de la mediana, es decir de 10.088 euros/año para una persona y de 21.185 para hogares integrados por dos adultos y dos menores, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE.El núcleo duro de la pobreza (población con carencia material y social severa) se redujo también del 10,7 % de 2014 al 7,7 % el año pasado, tras la recuperación post-covid y pese a la inflación reciente, que afecta proporcionalmente más a las rentas más bajas. Aún así, los números absolutos siguen siendo terribles: 3,6 millones de personas declaran sufrir privaciones y límites en al menos siete necesidades de una lista de 13 (comer carne, pollo o pescado cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos de hasta 800 euros, retrasos en el pago de hipoteca o recibos, cambiar ropa y zapatos, disponer de automóvil, irse una semana de vacaciones…). Especialmente significativo resulta, en estas fechas, el último de dichos indicadores: el 33,5 % de los hogares españoles (37 % en nuestra Comunitat) no puede permitirse salir de vacaciones.

La situación es aún más dramática en los 527.800 hogares (el 2,7 % del total nacional, según la última Encuesta de Población Activa) que no perciben ningún ingreso procedente del trabajo, subsidio o jubilación, pese a que su número descendió durante la pasada legislatura en 143.000.

Finalmente, el análisis de las diferentes situaciones de pobreza en nuestro país se completa con el coeficiente de Gini que mide la evolución de la desigualdad y habría registrado, desde 2019, la mayor disminución (del 34,1 al 32) de las dos últimas décadas, confirmando así los efectos positivos del paquete de políticas sociales y laborales puesto en marcha a lo largo de la legislatura que ahora se cierra, así como la necesidad de su continuación para seguir avanzando hacia el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 que fijan, para el final de la presente década, la reducción a la mitad de los actuales niveles de pobreza y exclusión social.