Semana cuesta arriba para la Generalitat (y para Ximo Puig, claro) como factor de atracción de inversiones. En demasiadas ocasiones, la discusión y la gesticulación hacen perder el foco. Lo parece a santo de la última polémica con las energías renovables. El asunto corre el riesgo de quedarse en las diferencias internas en Compromís sobre si aprobar o no plantas fotovoltaicas y puede quedar desenfocado lo importante. Lo relevante es que, a pesar de poner el grito en el cielo y de los clamores de Puig por convertir estos pagos soleados en gran polo exportador de energía, estamos poco más o menos donde estábamos hace tres años. O sea, que nos desgañitamos con que la factura de la luz se ha disparado y ojo con una gran crisis y todo lo que esta ola inflacionista puede acarrear, pero no estamos dispuestos a hacer casi nada, salvo pedir que alguien (otro) lo solucione. Suena a infantil. Y no significa lo dicho que se puedan instalar plantas solares (o eólicas) en cualquier lugar, sin tener en cuenta el paisaje. Significa que ha pasado suficiente tiempo como para tener analizado y claro dónde se pueden colocar estas granjas sin afecciones a territorio valioso (por lo paisajístico, por su flora o por su fauna). Lo contrario supone deducir que lo que importa es la gesticulación como forma de estar públicamente. Como medio de propaganda. La consellera Rebeca Torró (socialista) dice que va a actuar en la parte que le toca y todo va a cambiar. Habrá que ver, pero que las cosas solo se muevan y empiecen a funcionar cuando hay algarada, conflicto y grandes titulares no es la política deseable.
La bronca lleva también en demasiadas ocasiones a emborronar lo real y magnificar la capacidad de actuación de los protagonistas. La realidad es que los grandes proyectos de renovables (donde hay más de 50 megavatios en juego) no dependen de la administración valenciana, sino del Gobierno central. A la Generalitat solo le competen los medianos, hasta la cantidad señalada, por lo que su margen es limitado. El autogobierno suena grandilocuente, pero en muchas ocasiones la capacidad de gestión no es para tanto.
Lo último sirve también para la reforma fiscal del Consell. Uno tiene la impresión de que el revuelo excede a las posibilidades reales. La rebaja de Puig afectará al 97 % de la población, sí, pero con una dimensión contenida dado que afecta al tramo autonómico del IRPF. En total, las medidas que anunció representan 150 millones de euros, cuando el presupuesto de la Generalitat en 2022 roza los 28.000 millones. ¿Tan difícil es un acuerdo? No sé si alguien mide el coste del ruido. Como el que ahora producen las dificultades en torno a la gigafactoría de baterías eléctricas. Que los proyectos se puedan quedar en eso y no llegar a la realidad es síntoma de un sistema averiado, con maquinaria obsoleta.
