Es recurrente cada vez que se mejoran las condiciones de trabajo y salariales de las empleadas y empleados públicos que voces disonantes aparezcan en los medios para generar rechazo y malestar entre la opinión pública. Y en esta ocasión no iba a ser diferente. El acuerdo alcanzado con el Gobierno va a repercutir directamente sobre el bolsillo de más de tres millones de trabajadores y trabajadoras aliviando los efectos de la inflación, restituyendo derechos cercenados desde hace más de una década y poniendo en valor la importante labor que desempeñan en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Porque cuando hablamos de empleadas y empleados públicos -y esto debería de hacernos reflexionar sin caer en derivas demagógicas-, nos estamos refiriendo al personal sanitario que se ganó el aplauso y reconocimiento social por su esfuerzo durante la pandemia, al personal docente responsable de la educación de nuestras hijas e hijos, a quienes gestionan nuestras prestaciones, nos protegen, cuidan de nuestros mayores, salvan nuestros montes o atienden nuestras necesidades… Y lo hacen con un número de efectivos muy inferior al de los países de nuestro entorno porque la ratio de servidoras y servidores públicos por habitante en España es claramente insuficiente.

Merecen una mejora de sus condiciones de trabajo y unos salarios dignos, por lo que el incremento acordado de hasta el 9,5% en 3 años les permitirá paliar la pérdida de poder adquisitivo sostenida durante mucho tiempo. Desde UGT- Serveis Públics, sindicato referente en las administraciones públicas con el 34% de la representación, hemos apoyado la propuesta del Gobierno en aras a la responsabilidad porque este acuerdo forma parte de un marco consensuado de actuación que pretende repartir los costes de la actual situación económica y la insostenible escalada de precios a través de un acuerdo que es una pieza clave en el deseable pacto de rentas que nuestro sindicato, UGT, considera necesario alcanzar en el marco del diálogo social.

Además pensamos que puede servir de referencia y acicate para impulsar la negociación de los salarios de las trabajadoras y trabajadores del sector privado. Tenemos claro que nuestro compromiso incuestionable con los servicios públicos implica la defensa, sin complejos ni medias tintas, de las retribuciones y condiciones laborales de su personal. Porque las empleadas y empleados públicos somos esenciales, servimos a la ciudadanía, garantizamos la igualdad de oportunidades y actuamos como muro de contención frente a la voracidad del mercado. Seguramente por eso, hay quien nos ataca y pone en entredicho nuestro trabajo, porque somos un freno para los intereses privados. Pero no se equivoquen, entre el funcionariado no encontrarán excesos, no somos la parte poderosa del sistema. Ahora que el debate sobre el dumping fiscal entre comunidades autónomas ocupa la centralidad de la agenda política y mediática, queda claro por qué desde algunos sectores se empeñan en defender que quienes más tienen, menos aporten, poniendo en riesgo la equidad y la prestación de servicios públicos. Es inherente a su ideología liberal y al desmantelamiento del modelo de estado que tan altos niveles de bienestar nos ha proporcionado desde mitad del siglo pasado. Por eso arremeter contra las empleadas y empleados públicos es como quitarle arena al muro del bienestar. Lo dicho, en época de incertidumbre no disparen al funcionario… ni a la funcionaria.