El exalcalde de Sagunt aclara que sus críticas del Malecón son contra Costas

El concejal de Urbanismo de Sagunt, Quico Fernández, ha mostrado su sorpresa por el "ataque personal" que considera haber sufrido por parte de la empresa propietaria del Malecón de Menera del Port de Sagunt, Prosagunsa.

La compañía, que ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el exalcalde, denuncia la acusación de usurpar el dominio público, cuando el portavoz de Compromís aclara que "a lo que nos oponemos es a las decisiones del Ministerio -para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- que consideramos contrarias a la legalidad. En ningún momento hemos atacado a las empresas, como Prosagunsa o Cofivacasa, que reclaman lo que consideran sus derechos".

Para ahondar en esta idea, Fernández apunta que "cuando hablamos de usurpación, nos referimos a la parte que no puede estar reconocida dentro de esta parcela, donde hay superposiciones y ya demostramos que el subsuelo tiene todas las características de dominio público natural".

El nacionalista añade que, a raíz de la sentencia que en 2010 declaró este espacio de propiedad privada, "de lo que se trata es de ubicar la parcela, que entendemos que no se corresponde totalmente con el Malecón y eso es lo que tendrán que volver a dirimir los tribunales cuando presentemos el contencioso" contra el último deslinde.

Amenaza de 100 millones

Además de recordar que Prosagunsa ya planteó hace unos años una reclamación de expropiación por encima de los 100 millones de euros, el concejal de Urbanismo de Sagunt reitera que "lo que intentamos desde el ayuntamiento es defender los intereses públicos y las decisiones administrativas del ministerio, que nos dejan en una situación muy difícil por su intento de eludir su responsabilidad. Si reconoce la propiedad privada en el Malecón, lo que tendría que hacer es pagar la expropiación a los propietarios y que todo esta zona revierta en beneficio de los ciudadanos. No vamos a permitir que Costas traslade al ayuntamiento y a sus ciudadanos el coste de sus decisiones administrativas", concluye Fernández.

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