Culebrón urbanístico en Benissa: dos concejales paralizan el pago de 1,9 millones de una expropiación

Rocambolesco. A falta de serpiente de verano, llega un culebrón urbanístico. Benissa no pagará, de momento, los 1,9 millones en los que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana cifra los derechos urbanísticos de la mercantil Inmo Hold. Y no lo hará porque dos concejales, los únicos del CIBE, Isidor Mollà, y de Compromís, Mari Carme Ronda, forzaron un pleno y llevaron el informe de la Técnico de Administración General, funcionaria que es esposa de Mollà, que sostiene que, en lugar de abonar el dinero contante y sonante, a la empresa se le puede pagar de nuevo con unidades de aprovechamiento (con suelo, vamos).

En el pleno, estos dos concejales votaron a favor de esa vía de reconocer los derechos urbanísticos de la mercantil. Se quedaron solos. Pero el acuerdo salió adelante dado que los otros 14 concejales de la corporación, los del equipo de gobierno del PP y los de la oposición del PSPV y Reiniciem Benissa, se abstuvieron. El alcalde, el popular Arturo Poquet, advirtió que la empresa ha amenazado con exigir responsabilidades patrimoniales a los ediles que incumplan la sentencia que fija en 1,9 millones de euros la compensación que debe recibir.

El enredo es mayúsculo. El alcalde ha aclarado hoy que la Técnico de Administración General esposa del concejal y exalcalde Isidor Mollà realizó el informe por su cuenta y riesgo y sin que se lo pidiera ningún concejal. Poquet ha sugerido que esta forma de proceder es inusual. También ha recalcado que ese informe entra en contradicción con el del arquitecto municipal y otros asesores jurídicos, que señalan que la expropiación se debe pagar en dinero. El munícipe ha señalado que el ayuntamiento sí tiene esos 1,9 millones de euros y que, en cambio, no dispone de unidades de aprovechamiento para hacer frente a una compensación. Ha insistido, además, que la sentencia del TSJ no deja margen a que el litigio del ayuntamiento e Inmo Hold se pueda resolver reconociendo otra vez a la empresa derechos urbanísticos.

Un lío tremendo, sí. Por partes. La empresa era propietaria de un terreno de 17.696 metros cuadrados que corona un "tossal" (cerro) de la costa de Benissa. Está declarado en el PGOU como zona verde. Es una atalaya con unas vistas al mar excepcionales. La mercantil pidió en 2009 ceder al ayuntamiento ese suelo a cambio de derechos urbanísticos. Dicho y hecho. La parcela "valía" 2.299 unidades de aprovechamiento. Pasaron los años. El ayuntamiento no disponía de suelo suficiente para compensar a la mercantil.

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En julio de 2017, la empresa pidió que se iniciara el expediente de expropiación. El consistorio pagaría en metálico. El tribunal provincial de expropiación fijó un justiprecio que tenía en cuenta que el suelo era no urbanizable (una zona verde). Al ayuntamiento le iba bien. Pero Inmo Hold recurrió. Se fue por las nubes. Pidió dos millones de euros. El problema estribaba en que la empresa no era ya propietaria de una zona verde, sino de unidades de aprovechamiento y esos derechos urbanísticos valían ya un potosí.

110 euros el metro cuadrado

El TSJ, en un auto de 6 de noviembre de 2023, estableció el justiprecio de las 2.299 unidades de aprovechamiento en 1.955.875 euros. Esa cantidad suponía que cada metro cuadrado de los 17.696 de la zona verde le costaba al consistorio 110 euros. El alcalde ha asegurado hoy que esa precio no es para nada exagerado.

Poquet y sus concejales del PP entienden que la sentencia no deja más que una vía: pagar, cerrar de una vez este conflicto que se arrastra desde hace años y sacar la conclusión de que, a fin de cuentas, el ayuntamiento ha conseguido la propiedad de un suelo estratégico de primera, de un "tossal" con extraordinarias vistas al mar.

Cumplir la sentencia

"No hay ninguna duda de la honorabilidad de los concejales, de los trabajadores municipales ni del equipo de gobierno", ha recalcado el alcalde, que ha afirmado que ahora no se puede volver a la fórmula de compensar con unidades de aprovechamiento cuando precisamente en el litigio se ha puesto valor en dinero en efectivo a esos derechos urbanísticos. Ha asegurado que lo responsable es cumplir la sentencia.

Arturo Poquet también ha deslizado que es extraño que la funcionaria esposa de Isidor Mollà realizará un informe sobre este asunto pese a que nadie se lo había pedido.

Ahora, tras el pleno de esta semana en el que con el voto a favor de dos concejales y la abstención de los otros 14 se ha paralizado el pago en dinero de esta expropiación, se abre un impasse. El alcalde ha avanzado que ha enviado el acuerdo de pleno al TSJ para que les aclare qué deben hacer. Ha insistido también en que la empresa les ha conminado con denunciarlos y exigir a los concejales y funcionarios responsabilidad patrimonial, es decir, que paguen de su bolsillo.

Pues eso, la serpiente del verano en Benissa es un culebrón urbanístico.