Dos loteras de Dénia aceptan dos años de cárcel por apropiarse de 28.000 euros

Las procesadas, madre e hija, admiten que se quedaron con dinero de la recaudación de la administración de lotería y logran un acuerdo para devolverlo

El juicio se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Alicante

El juicio se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Alicante / José Navarro

J. A. Martínez

Dos loteras de Dénia, madre e hija, han aceptado sendas penas de dos años de cárcel tras declararse culpable de haberse quedado con 28.299 euros de la recaudación, tras un juicio que se ha cerrado con una conformidad este martes en la Audiencia de Alicante. Las dos mujeres estaban acusadas de un delito de malversación de caudales públicos, por apropiarse de dinero procedente de la recaudación obtenida en ese negocio. Las dos acusadas han admitido los hechos y se han comprometido a la devolución del dinero.

En virtud de ese acuerdo, se les ha suspendido la pena, por lo que no tendrán que ingresar en prisión, con la condición de que no vuelvan a delinquir en el plazo de dos años y de que satisfagan la indemnización pendiente de cubrir, después de que la aseguradora del negocio se hiciese cargo de la cantidad reclamada por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de prisión de tres años y medio para cada una de las procesadas, que se ha reducido tras aplicar las atenuantes de confesión y reparación del daño, en la medida en que ya habían consignado una primera cantidad para cubrir la cuantía económica asumida por la aseguradora.

Los hechos

De acuerdo con el escrito de calificación inicial de la acusación pública, la madre suscribió en 2011 un contrato de gestión de un punto de venta de loterías en el que se comprometía a efectuar los ingresos correspondientes en favor de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas de Estado por el importe de las ventas semanales, en el que descontaba el dinero que le correspondía como gestora.

La procesada cedió a su hija el control de la administración, pese a que ella seguía como titular. Y, según sostiene la Fiscalía, en lugar de realizar el ingreso correspondiente por las ventas generadas durante los meses de enero a marzo de 2022, por un importe de 28.299, se quedaron con esa cantidad con la intención de enriquecerse.