Carta abierta a los cargos públicos de la Marina Alta

Tras la ‘’fiesta de la democracia’’ y su resaca, tras las promesas huecas y artificios identitarios, los recién elegidos, tal como hicieron los salientes, se arrogan el derecho a hacer y deshacer en nuestros pueblos y ciudades como si fueran sus cortijos, las empresas ficticias con la que dar el pelotazo; el negocio familiar alineado al beneficio propio y al de allegados. Esta cultura corrupta y despótica y su estructura legal nos aleja mucho de una democracia real, sin tan siquiera cuestionar el principio de representación, sin entrar en que una abstención del 25 por ciento invalide la legitimidad democrática de los resultados, y obviando otras graves deficiencias de nuestra partitocracia de listas cerradas.

Y si la sociedad civil sigue sin levantar cabeza, sin exigir que nuestros supuestos representantes vuelvan a la gestión y defensa del bien común, las consecuencias serán muy graves.

Constatamos, tras muchos lustros de descalabro y expolio urbanístico generalizado, que los partidos hegemónicos no se diferencian mucho en su cosmovisión estructural. Las huestes del bipartidismo PP-PSPV son responsables directos del deterioro generalizado que sufrimos.

¿Acaso no tienen nuestros supuestos representantes acceso a datos públicos oficiales? ¿Desconocen que la Marina Alta es la comarca más pobre y desigual de la Comunitat? ¿Después de medio siglo imponiendo lo que denominan “nuestro modelo”, no se dan cuenta que hay una correlación directa entre la falsa industria del turismo y una sociedad cada vez más empobrecida?

El engaño generalizado se cimenta en una serie de falsos conceptos que, interiorizados por cierta masa crítica, posibilitan su aceptación. El crecimiento sostenible (hoy en día se usa más el eufemismo ‘’desarrollo sostenible”) es uno de esos falsos conceptos, y tal vez el más importante, a la hora de sustentar el paradigma fundamental que informa casi todos los partidos políticos. El “desarrollo” sostenible es un oxímoron, por la obvia razón de que es físicamente imposible un crecimiento sostenido en un planeta finito. Si la clase política tiene un plan para fabricar un planeta habitable en 10 años, deberían explicarlo claramente con un plan de financiación. Si no, una exigencia inmediata que la ciudadanía debemos plantearles es que dejen de tomarnos por idiotas.

Los derivados de la falacia del crecimiento, como el turismo sostenible, caen por su propio peso: múltiples municipios costeros se ven obligados a limitar físicamente el acceso a sus playas, también finitas. El agua disponible también es limitada, y la potabilidad del agua desalada no equivale a salubridad.

Sería muy interesante un estudio económico que evaluara el coste de oportunidad de toda la inversión pública realizada en asfalto: accesos, circunvalaciones, rotondas, ampliaciones viarias: valorar qué infraestructuras y redes de transporte público comarcal, provincial y comunitario, se hubieran podido realizar con todos esos dineros. Porque nadie mínimamente racional dejaría de echarse las manos a la cabeza, Y mientras hablan de sostenibilidad, nuestros políticos siguen echando asfalto. Lo de que digan una cosa y hagan justo la contraria no es nada nuevo, pero han llegado a un nivel esperpéntico de disociación.

Mientras nos venden un tren de juguete, que no va a sustituir ni un solo viaje de nadie que necesite llegar de Alicante a Valencia o viceversa en un tiempo razonable, ponen el grito en el cielo algunos consistorios reclamando un acceso directo a la autopista: aquí al heroinómano terminal se le trata a base de sobredosis, no hay límites en la adicción al asfalto. Cuando dilapen nuestro dinero en este disparate, ¿creen de verdad nuestros alcaldes y alcaldesas que el coste monetario y el impacto ambiental nos va a beneficiar en algo? ¿Todo ese dinero y ese destrozo para que los turistas que nos invaden se ahorren 5 minutos? También desde la imbecilidad se puede pensar que añadir aparcamientos soluciona la congestión del tráfico, cuando en realidad lo único que se consigue así es empeorar el problema.

Cuando los embates del caos climático nos golpean ya cotidianamente, cuando estamos en alerta roja hídrica y el verano se presenta infernal, vemos a políticos locales ejerciendo de promotores inmobiliarios, sin reparo alguno en burlar la ley por sus flecos, por ejemplo para ¡sortear una orden judicial de paralización cautelar!

Aquí estamos muy cerca de un oscuro despacho de “El Padrino” y lejos, muy lejos, de un Estado de Derecho, ese concepto del que suelen alardear cuando les conviene, y no es sino una patraña más de la mercadotecnia política del reino.

Y nos preguntamos a menudo si de verdad se creen las tonterias que dicen, o insisten en tomarnos por idiotas. Pero cuando el alcalde de Llíber dice que el PAI del que es cómplice beneficiará al pueblo porque traerá impuestos, no solo nos toma por idiotas: también se desenmascara, admite abiertamente que su idea de la función pública es el beneficio empresarial. Algún otro negocio tendrá en la cabeza, con ese camelo recaudatorio… ¿Un centro comercial, tal vez?