Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acuerda con EEUU declararse culpable para quedar en libertad

La saga de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks que ha pasado 15 años inmerso en una batalla legal con Estados Unidos por la filtración de documentos y los últimos cinco encarcelado en una prisión de máxima seguridad de Londres luchando contra la extradición, se acerca a su fin.

Assange ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia del Gobierno de Joe Biden por el que está previsto que este miércoles se declare culpable de un único cargo de conspirar para obtener y diseminar material de seguridad nacional. Aunque la sentencia máxima para ese cargo es de 10 años, el ministerio público opta en el acuerdo por 62 meses de condena, tiempo que Assange habría cumplido con los cinco años que ya ha pasado en la cárcel londinense de Belmarsh. De esa forma el australiano, de 52 años, podrá volver a su país natal.

“Libre”

“Julian Assange es libre”, ha publicado WikiLeaks en su cuenta de X (antes Twitter). En esa cuenta se ha informado de que este lunes por la mañana su fundador ha abandonado bajo fianza aprobada por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales la cárcel, donde se ha recordado que pasó 1.901 días en una celda de dos por tres metros y aislado 23 horas al día.

Se han compartido también imágenes de Assange embarcando en un avión. Su destino era Saipan, la capital de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en mitad del Océano Pacífico. Allí, a las 9 de la mañana hora local del miércoles (la 1 de la madrugada en la España peninsular) el activista comparecerá ante la jueza federal estadounidense Ramona Manglona. En esta vista, Assange debe ratificar el acuerdo.

Según una carta enviada a la magistrada por un alto funcionario del Departamento de Justicia junto al documento con el cargo, se espera que se declare culpable y sea sentenciado, tras lo que podrá desplazarse a la cercana Australia.

Una larga y compleja saga

La resolución del caso pone fin a una intensa saga política y legal en la que se han entramado seguridad nacional, libertad de prensa, política y diplomacia. En él se han enfrentado las acusaciones de EEUU de que Assange puso con filtraciones de documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán en peligro la vida de militares estadounidenses y colaboradores y de que dificultó al país enfrentar amenazas extranjeras con los defensores de Assange, que aseguran que sus acciones respondían al interés público y debían contar con las protecciones de la Primera Enmienda y que veían en su persecución una "amenaza grave" a la libertad de prensa, pues solo hizo algo que habitualmente hacen periodistas.

En el centro de la saga está un hombre que ha alcanzado notoriedad mundial y se ha convertido en una figura polarizante, Assange, que fundó en 2006 WikiLeaks con la misión de sacar a la luz información y que solicitaba colaboración para publicar en la red material clasificado o censurado.

Tres años después, en 2009, empezó a colaborar con el sitio Chelsea Manning (entonces Bradley Manning), analista de inteligencia del Ejército estadounidense que descargó cientos de miles de documentos, entre los que estaba el vídeo de un ataque de un helicóptero de EEUU en Irak que provocó la muerte de civiles y centenares de miles de documentos de las guerras de Afganistán e Irak.

En 2010 WikiLeaks, en colaboración con grandes medios de comunicación, empezó a publicar esos documentos, así como cables diplomáticos. Ese mismo año, durante la Administración de Barack Obama, se arrestó a Manning, se abrió una investigación de WikiLeaks y se estudió imputar a Assange.

Suecia y la embajada de Ecuador

Los cargos de EEUU contra el australiano no llegaron entonces pero en 2010 Assange fue arrestado en Londres por una orden de Suecia, acusado de delitos sexuales. Mientras estaba en libertad bajo fianza en ese caso se autorizó su extradición a Suecia y, bajo temor de que ese país fuera a extraditarlo a EEUU y a poder enfrentar allí la pena de muerte, se refugió en junio de 2012 en la embajada de Ecuador en la capital del Reino Unido.

Allí pasó siete años, un tiempo en el que conoció a su actual esposa, Stella Assange, con la que tiene dos hijos y en el que según se supo después, él, su entorno y sus visitantes estuvieron sometidos a espionaje.

Durante este tiempo también en EEUU Manning fue juzgada por espionaje y condenada a 35 años de cárcel, entonces la pena más dura impuesta nunca por una filtración. Manning quedó libre en 2017, cuando Obama le conmutó la mayor parte de la pena tres días antes de abandonar la Casa Blanca. Manning siempre ha defendido que Assange nunca le instó a hacerse con el material clasificado.

También durante su estancia en la embajada ecuatoriana, en la campaña electoral de 2016 que midió a Donald Trump y Hillary Clinton, WikiLeaks publicó correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata que habían sido pirateados por una agencia rusa de espionaje.

Los cargos

En 2018, ya bajo el mandato de Trump, el Departamento de Justicia desveló por error que había imputado a Assange por un delito informático relacionado con las filtraciones de Manning. Pero fue el año siguiente, en 2019, cuando se hizo publica esa imputación y se añadieron otros 17 cargos autorizados por un gran jurado por violaciones de la Ley de Espionaje. La pena máxima que enfrentaba eran 170 años en una prisión federal.

En 2019 Suecia abandonó su caso contra Assange pero ese mismo año Ecuador le retiró el asilo, invitando a la policía británica a entrar a detenerlo. Fue encarcelado y Estados Unidos presentó su imputación.

Lucha contra la extradición

Desde la cárcel Assange ha estado luchando contra la extradición y había logrado recientemente victorias. En mayo el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales le permitió continuar apelando sobre argumentos de que EEUU no había dado todas las garantías de que estaría amparado por la Primera Enmienda y que no sería discriminado por su nacionalidad. Había fijada para el 9 y el 10 de julio una vista para estudiar ese recurso.

Ya antes, en abril, el presidente Biden había asegurado que su gobierno estaba “considerando” la respuesta a la petición que había hecho Australia de que se retiraran los cargos. En febrero el primer ministro australiano, Anthony Albanese, apoyó una moción de su Parlamento que reclamaba el regreso de Assange a su país.