Condenan a Sanidad a indemnizar a una vecina de Paiporta por mala praxis en el parto

Solo esta vecina de Paiporta sabe el calvario que ha sufrido desde el 12 de abril de 2015. Fecha que debería ser recordada con alegría al ser el día en que Gloria se convirtió en madre, pero que sin embargo, es el inicio de una pesadilla de la que poco a poco está consiguiendo salir, gracias a su lucha personal,que por fin parece estar obteniendo sus frutos. La sede lo Contencioso Administrativo número 2 de Valencia ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 100.000 euros más intereses a esta mujer, por su responsabilidad patrimonial en la mala praxis médica durante el alumbramiento en el Hospital La Fe. Un desgarro perineal no tratado en el parto de su hija, provocó un descontrol de esfínteres que le ha impedido a Gloria mantener su vida normal, ya que ha tenido que someterse a hasta 15 intervenciones quirúrgicas, provocándole una incapacidad laboral permanente del 50% . 

La propia Gloria, que ha querido visibilizar su caso, relata que tras 11 horas de labor de parto y un bebé de más de 4 kg se produjo un desgarro perineal tipo 3B comprometiendo esfínteres anales, musculatura puborrectal y nervio pudendo.

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El protocolo indica hacer revisión del canal del parto blando del parto y tacto rectal para detectar y suturar intraparto la lesión, pues la reparación fuera de las primeras 12 horas puede dejar secuelas irreversibles. «A mí no me repararon dejándome secuelas de por vida», señala.

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«Pocos días después del parto, del cual no me informaron de la lesión padecida ni de su reparación, empecé a manifestar episodios de incontinencia fecal y urinaria severa, consulté con el matrón en el posparto inmediato y me dijo que era normal, pero los meses iban pasando y la incontinencia e imposibilidad de hacer mis necesidades con normalidad iban aumentando, y por vergüenza no lo verbalizaba».

Pero cinco meses después del primer parto Gloria volvió a quedarse embarazada y la lesión se agravó. «Me hospitalizaron en la semana 29 y me diagnosticaron desgarro obstétrico con lesión nerviosa y de esfínteres anales, así como el músculo puborrectal. Tras el parto se realizó una esfinteroplastia pero hubieron complicaciones y estuve 16 días hospitalizada», recuerda.

Cadena de operaciones

La cirugía salió bien pero la incontinencia seguía y al final se decidió instalar un implante de neuromodulación sacra. Pero como persistía la lesión nerviosa que también afectaba a la micción, los urólogos decidieron implantar un neuroestimulador de última generación más efectivo que constó de 2 fases quirúrgicas más una tercera para reubicar por desplazamiento del generador.

Pero las operaciones no acabaron ahí. Al haber estado sin inervación tantos años y con un desgarro sin suturar, se le prolapsó el recto, llevándole a una tediosa operación de reparación que le tuvo hospitalizada una semana. Un par de años después tuvieron que realizarle una perineoplastia para reparar las complicaciones cicatriciales de las cirugías previas y contención de útero y vejiga, y meses después tuvieron que intervenirle de nuevo para retirar tejido cicatricial atrófico.

«Todo esto me ha generado una discapacidad del 50% y ahora el Tribunal Superior de Justicia ha reconocido la incapacidad permanente total», ya que este transtorno le impedía seguir trabajando como dependienta de una tienda.

«El lenguaje con el que los especialistas se referían a mi lesión me hizo sospechar de una negligencia y busqué mucha información, llegué a obsesionarme con noches enteras sin dormir. Seguí los pasos burocráticos para formalizar la reclamación patrimonial por mala praxis y por fin ha llegado la sentencia. No siguieron el protocolo y eso me produjo secuelas irreversibles, y es lo que ha reconocido el juez», aunque no está del todo satisfecha con la sentencia, ya que ella reclamaba 284.110 euros, más del doble de lo reconocido, y piensa reclamar.

Sanidad respeta las decisiones judiciales

Sobre la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Fuentes de Sanidad consultadas aseguran tener "un respeto absoluto" sobre las decisiones judiciales de casos particulares y no han querido manifestar si piensan recurrir la sentencia.