Un nuevo acuerdo liquidará la deuda de Alboraia con la promotora del PAI fallido de Port Saplaya

La Junta General de Egusa, la empresa municipal de Alboraia, ha aprobado en la sesión celebrada este jueves, con los votos del equipo de gobierno de PSPV y Compromís y el voto de calidad del alcalde y con la oposición en contra, dar luz verde a un nuevo acuerdo con la promotora de los terrenos del PAI fallido de Port Saplaya, ahora Neinor (antes Quabit) que permitirá resolver una de las tres deudas económicas que lastra al municipio desde hace más de 15 años (las otras son financieras y la que mantiene el consistorio con FGV por el soterramiento del metro).

El pacto servirá para poder ejecutar una dación en pago y liquidar, a cambio de terrenos, la deuda de 35 millones que arrastra la mercantil pública y el ayuntamiento por un proyecto urbanístico planteado en 2006 y posteriormente fallido y enterrado en años de burocracia y procesos judiciales. Un asunto de difícil resolución que mantenía embargados los principales bienes urbanísticos municipales (edificios, terrenos, y cuentas) que en su día se cedieron a la empresa municipal por el gobierno del Partido Popular, entonces con mayoría absoluta.

Un laberinto judicial y económico que ve ahora la luz

Así, Egusa dará los terrenos con los que cuenta a cambio de deshacerse de una deuda millonaria. Este nuevo acuerdo al que han llegado ambas partes tras embarrarse judicialmente el pacto el que alcanzaron en 2019. Dicho acuerdo, contemplaba la dación en pago de 70.000 metros cuadrados a la promotora, de los cuales 60.000 son de Egusa y los otros 11.000 del ayuntamiento, principalmente para viales. Pero esta última pastilla estaba inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la empresa municipal. Por este motivo, casi al mismo tiempo que se ultimaba el documento entre Egusa y Quabit, el pleno de Alboraia aprobaba la segregación del terreno de su propiedad. Este trámite se realizó de manera unilateral. Una de las empresas comerciales de Port Saplaya acudió al juzgado al no ver claro que el ayuntamiento utilizara la figura de la segregación, y no la de linde. El juez dio la razón a la mercantil. Por tanto, el consistorio debería realizar la pertinente consulta pública con los propietarios que lindan con la parcela que pasará a manos de la promotora para saldar la deuda.

Desde entonces, ambas partes han tratado de desbloquear esta situación. La solución se aprobó este jueves en la junta de Egusa. Ahora, el nuevo acuerdo resolverá por fin esta deuda que ha aumentado de 26 a 35 millones en estos años.

El laberinto de la deuda del ladrillo en Alboraia

El macroproyecto urbanístico inicial, proyectado en 2006, incluía 900 viviendas, 200 amarres, un hotel, un auditorio y un paseo marítimo. La crisis del ladrillo, el PAT de l’Horta y la batalla de la CHJ por la falta de recursos hídricos acabó enterrando la actuación urbanística. Pero la promotora adelantó en su día a Egusa (la empresa municipal de Alboraia) 23,4 millones en concepto de los futuros beneficios del desarrollo del sector.

El entonces presidente de la empresa pública, Manuel Álvaro, a su vez alcalde de Alboraia, se gastó el dinero en el soterramiento de las vías del Metro y en gasto corriente para el funcionamiento del ayuntamiento. Tras un largo conflicto judicial, y con sentencias a favor de la promotora, las parte pactaron la dación en pago para liquidar la deuda.

Ahora, el nuevo pacto permitirá a Alboraia librarse de la losa económica que arrastra en este macrosolar de Port Saplaya donde ahora se ubica Leroy Merlin y Alcampo. El acuerdo que se firmará con Neinor recoge también los intereses de los últimos años, lo que aumenta a 35 millones el montante a pagar, algo que denuncia la oposición porque "va en contra de los intereses del pueblo".

"El acuerdo defiende mejor los intereses de Alboraia"

Con todo, fuentes del equipo de gobierno señalan que aunque a la deuda se hayan sumado los intereses de estos años, al no haber ejecutado el acuerdo de 2019 por el embarro judicial, este nuevo acuerdo permite a Egusa quedarse con parte del suelo para aprovechamiento municipal. "El nuevo acuerdo defiende mejor los intereses de Alboraia y liquida la deuda que teníamos con garantías. Cinco abogados nuestros y otros tantos del acreedor han trabajado en el acuerdo para que tenga todas las garantías para ambos", señalan las mismas fuentes.

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