Arranca el juicio oral por las papeletas premiadas del Gordo del Niño de Torrent

La Audiencia de Valencia acoge desde este martes el juicio oral contra cinco integrantes de la Hermandad del Santo Sepulcro de Torrent por supuestamente no entregar las papeletas premiadas con el Gordo del Niño de 2017 a más de una decena de personas. Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para un integrante de la cofradía por un posible delito de apropiación indebida y una indemnización para los tres denunciantes de 336.000 euros. Para los otros cuatro investigados pide el sobreseimiento. Por contra, el juez sienta los cinco en el banquillo y les pide una fianza global de 1,3 millones por responsabilidad civil, en base a los escritos de las acusaciones particulares.

El seis de enero de 2017 una lluvia de millones de euros regó Torrent, gracias al primer premio de la Lotería del Niño. La hermandad del Santo Sepulcro repartió el 08354 entre hermanos y vecinos de la ciudad. En total, unos 90 millones de euros. Pero la alegría de muchos contrastaba con la tristeza y rabia de unos pocos integrantes de la hermandad a los que no les entregaron las participaciones acordadas, como solía ser habitual.

En concreto, se presentaron tres querellas que agrupaban a trece personas y que reclamaban 31 papeletas que no les entregaron por valor de 744.000 euros. Cabe recordar que en cada boleto se jugaban 2,40 euros con un premio de 24.000 euros.

Las denuncias fueron aceptadas y agrupadas en una misma causa, con su fase de instrucción y la declaración de decenas de personas, entre perjudicados, integrantes de la junta directiva y otros. En febrero de 2020, el juez dictaba el sobreseimiento de la causa, descartando la responsabilidad penal de la directiva de la hermandad, al considerar que no hubo apropiación indebida. Ahora bien, el juez puntualizó que de producirse apropiación, se trataría de un hecho singular de una persona en concreto.

Y ese fue el clavo ardiendo al que se acogieron los trece reclamantes. También el fiscal. Los recursos que presentaron fueron aceptados por la Audiencia Provincial, desembocando en un juicio oral que comienza este martes contra cinco repartidores de lotería de la hermandad para los que solicita el depósito de una fianza total de 1,3 millones.

291 participaciones destruidas

La fiscal, en su escrito de calificación, realiza un detallado relato de los hechos. El cuatro de enero de 2017, dos días antes del sorteo, la junta liquidó el proceso. La hermandad del Santo Sepulcro adquirió 347 décimos del 08354. En total se vendieron 2.875 participaciones, que equivalen a 345 décimos. Los otros dos se los quedó la hermandad como entidad. A su vez, se destruyeron un total de 165 papeletas pendientes de reparto, más otras 126 no vendidas.

El ministerio público describe la práctica habitual para la venta de lotería de la hermandad. Cada integrante de la junta directiva, principalmente, tenía asignado un numero determinado de hermanos, llevando a sus casas particulares las participaciones de cada uno de los sorteos del año, además de cobrar la cuota anual por ser integrante de la cofradía.

De tal forma que la fiscal considera que de los cinco integrantes de la hermandad a los que trece personas reclaman que les debían haber entregado sus participaciones, ya fuera antes o después del sorteo, solo una incurrió en un posible delito de apropiación indebida continuado. En concreto, fiscalía describe en su escrito que aprecia que se quedó para su propio beneficio con 14 boletos de tres personas, por valor de 336.000 euros. La fiscal se basa, principalmente, en los extractos bancarios del acusado, que cobró 269.640 euros -en dos entidades- por participaciones premiadas.

Archivo para cuatro investigados

En cambio, el ministerio público solicita el sobreseimiento de las acusaciones contra los otros cuatro integrantes de la hermandad al no quedar suficientemente acreditado que, con la intención de obtener beneficio económico ilícito, se apropiaran de las 17 participaciones que reclama una decena de 10 personas, por valor de 384.000 euros.

Por contra, el juez tuvo en cuenta los escritos de las diferentes acusaciones particulares de los denunciantes para decretar la apertura de juicio. Así, los perjudicados solicitan penas de prisión para uno de los investigados así como una indemnización por no haber recibido sus papeletas. El magistrado ha ordenado que los cinco acusados depositen fianzas por un montante total de 1,34 millones de euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones. Además, se ha solicitado que la hermandad actúe como responsable civil subsidiaria e incluso el Arzobispado de Valencia.

Suscríbete para seguir leyendo