El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha activado ya los mecanismos que concluirán con la retirada del mural dedicado a los «caídos», instalado en la fachada de la parroquia de Sant Antoni Abad. La decisión municipal está avalada por la sentencia del TSJ del pasado noviembre, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, y que se ha convertido ahora en firme al desestimar los familiares que impulsaron su colocación, elevar un recurso hasta el Supremo.
Tal como explica la concejala de Patrimonio, Alicia Piquer, lo primero que ha hecho el equipo de gobierno socialista ha sido encargar a sus servicios jurídicos un informe que marque la hoja de ruta con todos los pasos a seguir para actuar con toda la legalidad. Y es que como resalta la regidora socialista, «pese a que el mural se encuentra en la vía pública, está colocado en un edificio que no es municipal, sino del Arzobispado». A esta circunstancia se añade que la iglesia está catalogada como Bien de Relevancia Local, con lo que cualquier actuación sobre el inmueble debe contar con los informes preceptivos del departamento de Patrimonio de la Generalitat. El informe jurídico todavía no está concluido, por lo que no hay previsión de plazos de ejecución de sentencia y actuación.
«Hemos llegado hasta este punto después de muchos años y queremos hacerlo bien y con todas las garantías legales», insiste Alicia Piquer. Y es que pese a que la Justicia ha dado la razón al ayuntamiento en dos instancias, el equipo de gobierno siempre ha querido esperar a que la sentencia fuera firme para iniciar el proceso para la retirada del panel franquista. Pese a la decisión de quitarlo, queda por resolver qué ocurrirá con el mosaico tras su retirada de la vía pública.
El mural de Rafelbunyol es el vestigio franquista más importante que pervive en l'Horta, incumpliendo claramente la Ley de la Memoria Histórica, al tratarse de «una exaltación personal y colectiva, de la sublevación militar y de la guerra civil», según recogía el TSJ el pasado noviembre. Se trata de un mosaico con el nombre de 39 personas asesinadas durante el conflicto bélico, además de frases como «caídos por Dios y por la patria», «José Antonio Primo de Rivera» y «¡presentes!».
El conflicto judicial arrancó en julio de 2016 cuando el pleno municipal aprobó la retirada del panel. El consistorio acordó que pondría a disposición de la asociación de familiares el panel desmontado «para su custodia» y, en caso de negativa a recibirlo, sería la institución local la que la guardaría. Pero los descendientes rechazaron el acuerdo plenario y presentaron un contencioso en el juzgado, que dio la razón al ayuntamiento. El gobierno socialista no quiso dar cumplimiento a la sentencia, a la espera de que se hubiera agotado la vía judicial.
El TSJ ratificó el primer fallo, dejando claro que «en absoluto, se cuestiona o se pone en duda el carácter significativamente moral de todas las personas que se mencionan y citan en el panel cerámico, objeto de esas actuaciones; ni se cuestiona el dolor que seguramente produjo y quizás aún produce su fallecimiento» ya que «no es este el tema que se debate». También la sentencia incide en que la iglesia católica ha preferido «no mostrarse parte, ni comparecer», un asunto que se atribuye a «circunstancias específicas que podemos entender y presumir, y a pesar de tener perfecto conocimiento de la cuestión».
Si bien las familias pidieron que se retiraran solo las referencias directas al franquismo, el TSJ determinó que el proceso no ha de «especificar qué es lo que podía decir el panel» sino abordar «lo que ese panel propagaba durante 75 años y todavía hoy continua propagando» ya que « actualiza un recuerdo preferente y discriminatorio en un lugar público».
