¿Cómo funciona el sistema de financiación autonómica?

En España no hay un solo Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Hay dos: el régimen foral, del que disfrutan en exclusiva Navarra y País Vasco, a las que la Constitución les reconoce unos «derechos históricos» que se traducen en sus propios regímenes fiscales –contribuyen al sostenimiento del Estado con un cupo u aportación cuyo cálculo siempre ha estado envuelto en controversia–, y el régimen aplicable al resto de autonomías, las de régimen común. De entrada, por tanto, no todas las regiones reciben el mismo trato financiero. Es más, la singularización de Navarra y País Vasco por cuestiones históricas, que no por desventajas materiales –son dos de los tres territorios con mayor renta por habitante–, es algo que no pocos expertos han puesto en cuestión. No obstante, el SFA que estos días ha vuelto al primer plano por la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de darle a Cataluña una financiación «especial» es el que afecta a las comunidades de régimen común.

En términos gruesos, el SFA ordinario consiste en que la Hacienda estatal recauda una serie de impuestos –el IRPF, el IVA...– y emplea esos ingresos para, por un lado, sufragar el gasto público propio y, por otro, para echar una mano a las autonomías pobres.

Hay ingresos, como los que deja el Impuesto sobre Sociedades, que el Estado se queda en su totalidad, mientras que hay otros tributos cuya recaudación se cede, toda o en parte, a las comunidades autónomas, como ocurre con el 50% del IRPF o el 58% de los impuestos especiales. El caso es que todos esos dineros van a un fondo global y luego se distribuyen entre las 15 regiones de régimen común mediante una fórmula que incluye variables como la población, la superficie, la cifra de residentes mayores de 65 años... Hay un segundo fondo, el de suficiencia, para garantizar las necesidades de financiación de todas las autonomías, con lo que de algún modo funciona como un corrector de desajustes a posteriori .

Ese es, grosso modo, el sistema, cuya última actualización fue en 2009 y que, por tanto, está más que caducado. La polémica viene porque de esa última revisión resultó que hay tres comunidades que son contribuyentes netas, esto es, a las que les sale a pagar –Baleares, Cataluña y, sobre todo, Madrid–, y otras doce, las restantes, que son receptoras netas, es decir, que el saldo les sale a favor. Por eso el tan manido Espanya ens roba de los independentistas catalanes, que obvian que Madrid aporta a la caja común mucho más que Cataluña y que, sobre todo, obvian el principio de solidaridad.

Y luego está Canarias, que ni es foral ni es del todo común. Las Islas disfrutan al amparo de Europa de un Régimen Económico y Fiscal (REF) propio que, entre otras cosas, explica por qué en el Archipiélago no rige el IVA sino el IGIC, un IGIC que la Hacienda canaria gestiona y recauda. Y en esto está el caballo de batalla del Gobierno regional, en evitar que los fondos que se derivan de su REF se descuenten de los dineros ordinarios del SFA, que es lo que venía ocurriendo hasta que en 2018 se lograra su desvinculación. El problema es que esa desvinculación, por más que en su día se viera definitiva, en realidad no lo es. Tocará volver a pelear y a explicar que el REF no es una dádiva de Bruselas, sino el instrumento con que se compensan desventajas materiales –estas sí– como la lejanía, la fragmentación territorial o el pequeño mercado interior.

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