El Gobierno sitúa dentro de la “normalidad” la división de la Junta de Fiscales frente a la amnistía

Para el Gobierno apenas existe margen de interpretación en la aplicación de la amnistía y respalda la posición del fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras ordenar a los fiscales del 'procés' a que levanten las órdenes de detención contra dirigentes independentistas. “Está haciendo un magnífico trabajo”, defendió este mediodía la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para acto seguido trasladar la “confianza plena y absoluta a su trabajo y su profesionalidad” ante el choque con los representantes del ministerio público que se oponen a la orden de aplicar la amnistía a todos los delitos.

Desde el Gobierno tratan de minimizar esta fractura y sitúan dentro del “ámbito de la normalidad” que los fiscales del 'procés' hayan tenido que acudir al artículo 27 del Estatuto Fiscal, previsto cuando se discrepa de la orden recibida de un superior. En base a ello, este martes se ha reunido Junta de Fiscales de Sala para determinar si la amnistía es aplicable a los líderes del 'procés condenados por malversación, como el expresidente de ERC, Oriol Junqueras, o procesados en rebeldía por este delito, como el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Fractura total en la cúpula fiscal por la amnistía: 19 votos frente a 17 avalan su aplicación

En dicho encuentro se ha visibilizado una fractura total, aunque la mayoría de sus miembros han sido aupados a la cúpula de la carrera fiscal durante el mandato de Dolores Delgado y de García Ortiz. La cúpula de la carrera judicial ha avalado la aplicación de la aministía en todos los delitos con un resultado de 19 votos frente a 17. Todo ello, cuando de sus 38 miembros, un total de 23 tienen su origen en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que el propio fiscal general pertenecía antes de ser designado fiscal general. En el Ejecutivo insistían antes de esta decisión en mostrar su confianza en la aplicación de la norma, aunque destacando que ahora corresponde a los jueces, y enmarcando dicha reunión como propia del “cumplimiento de las obligaciones propias de los fiscales”.

La máxima de Moncloa pasa por no trasladar ninguna preocupación ante los primeros movimientos de los jueces, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de amnistía y la fractura entre los fiscales. Con todo, en los últimos días han ido subiendo el tono desde la advertencia de que los jueces tienen que tener en cuenta la voluntad del legislador hasta que la norma sería clara y apenas hay margen de interpretación por su parte.

“Desmontar un bulo”

La también ministra de Educación y Deportes ha cuestionado el procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra García Ortiz por revelación de secretos en el caso de los delitos fiscales imputados a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un caso por el que podría terminar imputado y que según Alegría “lo único que ha querido hacer es desmontar un bulo”. De ahí que arremetiese contra el hecho de que es “curioso” poner el foco sobre el fiscal general y no “sobre la persona que genera el bulo y el que filtra la información y datos personales”.

Alegría hizo referencia directa al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, por “utilizar sus redes sociales para trasladarnos decisiones que en días posteriores trasladan los jueces”. Algo por lo que concluyó que “es difícil explicar aquí lo de la separación de poderes”.

En el Consejo de Ministros se ha aprobado el nombramiento de David Vilas Álvarez como Abogado General del Estado, en sustitución de Consuelo Castro Rey. Hasta la fecha, Vilas ejerció como director general de Cooperación Jurídica Internacional, incorporándose justo antes de comenzar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Esta dirección general la ocupará a partir de ahora la fiscal Eva Pérez Martínez.