¿Qué investiga ahora el juez del caso Begoña Gómez tras quedarse la Fiscalía Europea con la parte de las ayudas comunitarias?

La irrupción de la Fiscalía Europea al asumir la parte principal de la causa sobre Begoña Gómez ha limitado la investigación del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que hasta el momento se encargaba de toda la causa. En concreto, el Ministerio Público con sede en Luxemburgo ya analiza si el empresario Juan Carlos Barrabés, el empresario que fue recomendado por la mujer de Pedro Sánchez desde su puesto en un máster de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pudo haber cometido un fraude con los 10 millones de euros que recibió de la empresa pública Red.es, que fueron financiados con dinero comunitario.

Se da el caso que la Audiencia Provincial de Madrid, tras un recurso de la Fiscalía de Madrid, redujo las pesquisas a estas ayudas, sobre las que sí aparecían "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación". Y este es precisamente el motivo por el que el abogado de Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que le "aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del presente juzgado".

¿Y con qué se queda ahora el magistrado Juan Carlos Peinado? Al margen de los contratos de Red.es, que suponen un 50% del total, el resto de adjudicaciones provienen de cuatro entidades públicas concretas: el Ayuntamiento de Madrid (2.448.844 euros); el Consejo Superior de Deportes (3.044.890 euros); la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (1.559.481 euros) y la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora (1.641.009 euros).

En busca de pruebas

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya han visitado el Consistorio Madrileño y las sedes de Red.es y del CSD en busca de documentación sobre las ayudas otorgadas a las empresas de Barrabés. Un portavoz de Renfe ha asegurado que los agentes no han acudido a su sede social en busca de los contratos bajo sospecha.

Y para conocer estos datos, que la Audiencia de Madrid considera, por el momento, menos relevantes, el instructor ha mantenido la comparecencia como testigo del economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos, que tendrá lugar el 15 de julio. También mantiene la citación de Begoña Gómez, prevista para el 5 de julio.

Pero el juez Peinado también ha encargado otras dos pesquisas: ha encomendado a su Letrado de la Administración de Justicia que emita un informe para dar cuenta del número de veces que ha ido el fiscal para conocer sobre el caso Begoña Gómez, al considerar "inusual" la actuación del Ministerio Público por "la insistencia en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse", y por la frecuencia con que se realizan visitas personales" del fiscal al juzgado "y la insistencia en conocer las resoluciones que se dictan, incluso antes de ser notificadas".

La citación de Gómez

Asimismo, Peinado investiga quien recogió en La Moncloa la citación de Begoña Gómez como imputada En una resolución, el instructor del caso de la mujer del presidente del Gobierno ordenaba a la Policía Judicial identificar “quién ha sido la persona, que con una firma ilegible, tras poner las iniciales, ‘P.D.’, ha firmado dicha citación judicial”. Además, pedía que “sea citado en calidad de testigo en la Secretaría de este Juzgado el jefe del Servicio de Seguridad del Complejo Presidencial del Palacio de la Moncloa, domicilio habitual de la investigada” en alusión a Begoña Gómez. El instructor emplaza a este uniformado para que declare el 19 de junio.

El juez Peinado aceptó el pasado 7 de junio la decisión de los fiscales europeos delegados, Laura Pellón Suárez de Fuga, Luis Miguel Jiménez Crespo y Antonio Zárate Conde, de quedarse con la parte de la causa relativa a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos.

Según la investigación de los agentes de la UCO, de entre los cinco organismos públicos que adjudicaron a Barrabés contratos "destaca notablemente Red.es", empresa pública que "no habría adjudicado otros expedientes, ni previa ni posteriormente, distintos a los reseñados, ni a Innova Next SLU ni a ninguna otra empresa de las que se vincula a este empresario".

Manos Limpias y Hazte Oír

Del resto de la denuncia de Manos Limpias que dio origen al procedimiento de Peinado, la Audiencia de Madrid señalaba que contaba con "un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos", en referencia a las noticias que incluía, alguna de ellas desmentida por el propio medio que las publicaba, y que lo relativo a Globalia no pasaba de "simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales", que "quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno".

Por su parte, y al margen de la causa de Peinado, la asociación Hazte Oír se ha querellado contra Begoña Gómez por presuntamente "apropiarse" de un programa informático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta organización, que le atribuye ahora a la pareja del presidente del Gobierno los delitos de administración desleal, apropiación indebida, malversación e intrusismo, ya había presentado una primera querella por tráfico de influencias.