Los promotores, expectantes por el cambio normativo de vivienda del Consell

La Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) advierte de la urgente necesidad del cambio legislativo en materia de vivienda, prometido por el Consell de Carlos Mazón, para desbloquear los desarrollos urbanísticos de la ciudad de València. “Hay que darle prioridad a derogar las normativas que suponen un freno para desarrollar promociones de viviendas y que paralizan proyectos que generan viviendas y empleo en la Comunidad Valenciana. Estamos expectantes de que los nuevos reglamentos autonómicos se aprueben, y entren en vigor, cuanto antes”, señala Antonio Olmedo, presidente de Aprova.

Los promotores valencianos insisten en que el panorama de la vivienda es “preocupante”, sobre todo a corto plazo. Según datos proporcionados por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV el stock de vivienda disponible en venta en la ciudad de Valencia suma 167 inmuebles, mientras que en los tres primeros meses del año se están construyendo 48 nuevas promociones frente a las 61 del último trimestre de 2023. Mientras tanto, la situación en València y su área metropolitana se degrada de manera acelerada, con unos incrementos en el entorno del 10% en los precios de venta de vivienda nueva y en las mensualidades del alquiler.

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Desarrollar la normativa

Desde Aprova coinciden en que la Generalitat Valenciana ha puesto el foco en la necesidad de la construcción de vivienda protegida, y lo hace sobre suelo público, algo que se va reclamando desde hace años y en un informe específico se muestra su eficacia para la contención de los precios. No obstante, demandan que ha llegado el momento de desarrollar la normativa y los reglamentos que permitan la convocatoria de los concursos de suelo público y se desarrolle la colaboración público-privada, necesaria para resolver la falta de oferta de vivienda de manera urgente. “La colaboración público-privada es esencial en materia de vivienda y suelo. Hay que recordar que a día de hoy siguen existiendo numerosos decretos y leyes que paralizan la actividad y producen una neutralización de la actividad económica. La falta de oferta provoca esta situación, pero también tiene impacto en el empleo y la fiscalidad”, añade Olmedo.

En materia de legislación también señala la necesidad de la reforma de la Ley del Suelo, sobre todo por lo que se refiere al silencio administrativo positivo. Hace unas semanas el Gobierno iba a impulsar en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que contemplaba el silencio administrativo positivo para el otorgamiento de licencias de obras en las promociones de viviendas que se desarrollasen en colaboración público-privada. Sin embargó retiraron el proyecto antes de presentarlo a la cámara.

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Precariedad de salarios

Los promotores inciden en otro de los grandes problemas en torno a la vivienda, señalados también por el último informe del Observatorio de la Vivienda: la demanda y en el poder adquisitivo de quienes desean acceder a una vivienda. Los salarios de los jóvenes y de los colectivos más vulnerables, incluidos aquellos migrantes que vienen a buscar una vida mejor, hacen inviable la compra de un inmueble, quedando únicamente para ellos la opción del alquiler.

Ante la alerta de la falta de nuevas viviendas a un precio accesible, como recoge la última memoria elaborada por el Observatorio de la Vivienda de la UPV, los promotores comparten que el reto está en cómo hacer viable la colaboración público-privada para construir viviendas protegidas en venta o para alquiler, con precios máximos fijados, si los costes de construcción se hallan en máximos históricos.

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Alquiler con opción a compra

Desde Aprova apuntan a sistemas alternativos de alquiler, como el de opción a compra que están ganando popularidad, como soluciones ante la emergencia habitacional. “Este tipo de sistema también puede ayudar a estabilizar los mercados inmobiliarios, ya que ofrece soluciones habitacionales a largo plazo en lugar de transacciones rápidas. El alquiler con opción a compra es una herramienta valiosa para mejorar la accesibilidad a la vivienda y crear relaciones beneficiosas entre inquilinos y propietarios”, añade Olmedo.

Este modelo permite a los inquilinos vivir en una propiedad durante un período específico con la opción de comprarla al final del contrato. De esta manera, una parte del alquiler mensual se destina a un fondo de ahorro para la compra futura, lo que ayuda a los inquilinos a acumular capital. Este sistema resulta de interés para personas que tienen dificultades para obtener una hipoteca de inmediato, ofreciéndoles así una vía accesible y gradual hacia la propiedad de una vivienda.

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Además, el alquiler con opción a compra proporciona una mayor flexibilidad tanto para los inquilinos como para los propietarios. Los inquilinos tienen la oportunidad de probar la propiedad y la comunidad antes de comprometerse completamente con la compra, mientras que los propietarios pueden asegurar ingresos regulares durante el período de alquiler y potencialmente vender la propiedad al final.