España activa el plan para traer de Francia sus residuos nucleares con más de una década de retraso

España guarda en Francia desde hace más de tres décadas residuos radiactivos procedentes de la centrar nuclear de Vandellós I, que tuvo que cerrar de manera precipitada en 1989 tras sufrir el peor accidente nuclear de la historia por un incendio. España está obligada a traer de vuelta esos desechos nucleares, pero lleva años acumulando retrasos y sin cumplir el compromiso firmado (inicialmente estaba previsto repatriar los desechos en 2010, luego en 2015, el último plazo fijado era para mediados de 2017...). El nuevo objetivo es tener los residuos de vuelta en 2028, y el Gobierno ha puesto en marcha el proceso para conseguirlo aunque sea con más de una década de retraso.

La sociedad pública Enresa, encargada de la gestión de los residuos radiactivos españoles, trabaja para cumplir el nuevo compromiso de repatriar los residuos dentro de cuatro años y guardarlos en un nuevo almacén temporal que estará ubicado en las inmediaciones de la propia central tarraconense, cuyo reactor está cubierto por un sarcófago de hormigón en estado de latencia hasta que comiencen los trabajos de desmantelamiento total de la planta la próxima década. Tras varias décadas almacenados en Vandellós, esos residuos finalmente serán trasladados al cementerio nuclear definitivo que está previsto que esté operativo en España en 2073.

El nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado el año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ordena la construcción del almacén temporal para Vandellós I con el objetivo de que esté operativo en 2027 y así iniciar la repatriación de los residuos desde Francia el año siguiente. Hace dos años, Enresa ya inició los trabajos para el diseño y todas las tramitaciones preceptivas para la construcción del almacén. Pero ahora el grupo público ha sellado el primer contrato que inicia el proceso para hacer posible de manera efectiva el traslado desde Francia de los residuos radiactivos.

Contrato a la francesa Orano

España ha contratado al grupo francés Orano (la antigua Areva) para realizar los servicios de ingeniería para la evaluación de la seguridad de almacenar los residuos en el nuevo silo de Vandellós I; para tramitar con las autoridades francesas y españolas la licencia para poder transportar desde Normandía hasta Tarragona los contenedores en que se guardan los desechos radiactivos; y para gestión de la vida útil de los contenedores en condiciones de almacenamiento.

Enresa ha adjudicado el contrato en una licitación sin publicidad, ya que realmente sólo el grupo Orano podía encargarse de estas funciones al ser el propietario del diseño de los contenedores. El precio final que recibirá la compañía gala será de casi 3,4 millones de euros, según se recoge en la documentación oficial sobre el contrato.

Penalización millonaria

Madrid y París han tenido que ir ampliando y modificando esos contratos por el retraso en la construcción de un almacén de residuos nucleares en España. Los continuos aplazamientos durante años en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y ahora el carpetazo definitivo al proyecto han hecho imposible iniciar el regreso de los residuos en Francia. Esos retrasos han hecho que España tenga que pagar penalizaciones millonarias por incumplir su parte y para ir ampliando el tiempo en que Francia guarda los residuos.

Enresa lleva casi siete años, desde el 1 de julio de 2017, pagando una sanción a la compañía francesa Orano por no repatriar a España a tiempo los residuos de Vandellós, que se encuentran en La Hague, en la región de Normandía. España ya ha pagado en este tiempo más de 180 millones de euros por estas penalizaciones, y seguirá pagando al menos cuatro años más. Los últimos datos facilitados públicamente por Enresa apuntaban a que la indemnización progresivamente creciente ascendía ya a más de 84.000 euros cada día en 2022.

Orano devolverá gran parte de ese importe a Enresa una vez que concluyan los trabajos de transporte de los residuos a España. En el momento en que España repatríe los residuos radiactivos desde Francia, se reintegrarían gran parte de las penalizaciones abonadas. Como si se tratase de una suerte de fianza de garantía, la compañía nuclear francesa cobraría sólo por la labor de almacenamiento realizada durante años, y devolvería la sanción. Enresa reconoce que esos costes por almacenamiento que no se recuperarán ascendían a más de 10 millones hasta finales de 2022.