La Comissió Ciutat-Port, colectivo que agrupa a diversas asociaciones vecinales y grupos ecologistas, asegura que el proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores del Puerto de València no cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) «válida» ya que la autorizada en 2007 está «caducada» y es «nula». Así lo aseguró ayer el abogado Antonio Montiel, ex secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana.
Según Montiel, la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 «dejó claro» que las DIA aprobadas anteriormente a esta fecha, si no se ponían en marcha antes de seis años, perdían su vigencia. Además, la Autoridad Portuaria de València (APV), tampoco pidió una revisión de dicho expediente. En ese sentido, considera que Valenciaport «ha pecado de soberbia» ya que era sencillo organizar sus fases de construcción, que en su momento dijo que se acometerían un tiempo que luego no se cumplió.
Valenciaport, recordó Montiel, planteó en su estudio de impacto ambiental que las dos fases de la obra se harían para concluir en 2008. «Con todo, licitó y ejecutó un proyecto de primera fase que acabó en 2012. Y ha permanecido -agregó- inactiva esa obra sin haber querido poner en marcha la segunda fase, incluso sabiendo que desde diciembre de 2013 empezaba a contar un plazo inexorable y extraordinario de seis años».
Puertos del Estado
«Si Puertos del Estado autoriza esa licitación de la APV, que prevé adjudicar a la naviera MSC, con base a una DIA caducada, también tendrá responsabilidades en «ese acto nulo y viciado. Iremos a los tribunales», agregó. El abogado Antonio Montiel ha elaborado un informe jurídico basado en análisis ya realizados por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Pascual Pery, en el que rechaza de plano el proceso de construcción de la nueva terminal de mercancías del recinto del Grao. Este informe se va a trasladar a los ministros de Transporte, José Luis Ábalos, y Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, y al president de la Generalitat, Ximo Puig.
En vísperas de que el consejo de administración presidido por Aurelio Martínez adjudique esta obra a MSC, el jurista recordó que en febrero de 2020 ya se presentó un informe en el que se planteaban «cuáles eran los problemas técnicos que tenía la actuación portuaria porque los cambios introducidos incumplían la citada Declaración de Impacto Ambiental 2007.