El consejo de ministros aprobó el viernes el anteproyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, conocida como la ley de las tres «R» que se tramitará en el Parlamento por procedimiento de urgencia. La ministra de Fomento, Ana Pastor, recordó que esta ley es necesaria porque de los 26 millones de viviendas que hay en España, hasta 15 millones tienen más de 30 años y casi seis más de 50 años. Unas cifras que suponen que alrededor de dos millones de viviendas se encuentren en mal estado de conservación y que hasta cuatro millones de casas no dispongan de ascensor.

El anteproyecto de ley que se va a presentar «flexibiliza» la normativa y el régimen jurídico para hacer más viables las obras de rehabilitación y establece lo que debe ser una «carga razonable» en términos de coste de las obras para los vecinos, de forma que cuando sea «desproporcionada» no tendrá que realizarse la obra si no es de manera voluntaria. Asimismo, las decisiones al respecto en las comunidades de propietarios se adoptarán por mayoría simple.

Además, la ley de las tres «R» amplía las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación. La Ley de Propiedad Horizontal se modifica para que las obras que exijan las administraciones públicas sean obligatorias.

Novedades de la ley

INFORME DE EVALUACIÓN

Para suplir las insuficiencias de la Inspección Técnica de Edificios

La ley de las tres «R» incluye la regulación básica de un Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) que trata de superar las insuficiencias de la Inspección técnica de edificios (ITE) de 2011. El nuevo IEE también analizará la eficiencia energética y la accesibilidad. Se exigirá a los edificios con más de 50 años (si no han pasado la ITE).

FINANCIACIÓN EXTERNA

Se introduce la memoria de viabilidad económica

La ley establece mecanismos que «permiten obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más accesible». Se introduce la figura de la memoria de viabilidad económica que acompañará a cada actuación y que permite aplicar «reglas excepcionales para obtener incrementos de edificabilidad o densidad», así como «cambios en las operaciones de rehabilitación, regeneración o renovación».