La ausencia de fiscales en Xàtiva y Ontinyent dilata la protección de las víctimas de violencia de género

Como una carta a los Reyes Magos cuyos deseos no terminan de cumplirse, el informe de necesidades de los juzgados de Xàtiva y Ontinyent que acompaña a la última memoria del Tribunal Superior de Justicia correspondiente a 2023 recoge prácticamente las mismas demandas que han ido repitiéndose una y otra vez desde hace años en ambos partidos judiciales.

Entre las reivindicaciones compartidas por los órganos que gestionan las sedes de la Costera y la Vall d'Albaida figura la creación de nuevas unidades judiciales para aliviar la asfixiante carga de trabajo que soportan sus funcionarios, la mejora del mantenimiento de las instalaciones, la construcción de los nuevos complejos anunciados hace mucho tiempo, el refuerzo de personal y la conveniencia de disponer de fiscales propios, puesto que en la actualidad tienen base en Alzira.

En este punto, el decanato de los juzgados de Xàtiva advierte de que esta circunstancia "ralentiza la adopción de órdenes de protección de víctimas residentes de otro partido o fuera del horario del juzgado de Alzira", así como la revisión de los procedimientos en materia de discapacidad o la prórroga de la instrucción de las causas penales. Por ello, el informe apela a la necesidad de contar al menos con la presencia de un fiscal durante los periodos de guardia.

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Los trabajadores la demarcación judicial de Ontinyent también consideran "imprescindible" el establecimiento en esta ciudad de "una sede permanente de la Fiscalía", con el fin de "agilizar la tramitación de las causas penales y, en particular, las que atañen a la violencia de género". Según precisa el magistrado-decano de Ontinyent, Juan Manuel Gómez Forker, la asunción por parte de la Fiscalía de Alzira de los casos del área de la Vall d'Albaida genera problemas derivados de la distancia, como los traslados de personas y expedientes "con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos". La plantilla de la citada Fiscalía, además, resulta "insuficiente para poder atender el conjunto de asuntos civiles y penales de todos los partidos judiciales que tiene asignados".

En su balance de 2023, Gómez-Forker se muestra muy duro con la situación que atraviesan los juzgados de Ontinyent. El magistrado reproduce prácticamente las mismas consideraciones que ya puso de manifiesto en las memorias de 2021 y 2022 para reiterar la urgencia de contar con una nueva sede judicial que agrupe las diferentes salas desperdigadas por la ciudad, un proyecto tramitado por la Generalitat que acumula un prolongado retraso. El juez-decano se muestra escéptico sobre su materialización al indicar que sus demandas "a buen seguro serán nuevamente inobservadas por las administraciones y entes implicados en la provisión de los medios materiales".

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Como novedad, Gómez-Forker también añade la ausencia de salas de espera para el público y los profesionales cuando acuden a los señalamientos, una circunstancia que ha generado quejas de los mismos por tener que esperar en la vía pública "con independencia de las condiciones meteorológicas". El magistrado se muestra muy crítico con las dificultades para cubrir bajas y vacantes entre el personal funcionario y "la escasa, por no decir nula, formación que tienen los interinos nombrados en muchas ocasiones", lo que incide en la ralentización de las tramitaciones y en la demora de la respuesta judicial.

Carga de trabajo por encima del límite

Por otra parte, el informe del decanato de Ontinyent recalca que el límite de carga de trabajo fijado para este partido judicial se encuentra "ampliamente sobrepasado", particularmente en el ámbito civil. Una circunstancia agravada por la asunción de los casos de violencia de género en juzgados mixtos. Para remediarlo, el magistrado aboga por la creación de un quinto juzgado o, alternativamente, la agrupación de los asuntos de violencia de género con otros partidos, una medida que no comparten abogados y procuradores, pero que, a su juicio, "redundaría en un mejor funcionamiento interno, la redistribución de la carga de trabajo y la mejora en la atención a las víctimas".

En ese sentido, el decanato de Xàtiva reitera la demanda de crear un juzgado especializado en violencia de género con sede en la capital de la Costera ante las quejas de los profesionales y la ciudadanía por los traslados que tienen que realizar a Alzira. Una petición que, de momento, el Consejo General del Poder Judicial no ve prioritaria.

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