El TSJ de Madrid decidirá sobre la línea de alta tensión Almansa-Montesa

Aunque el proyecto permanece en suspenso por las dudas sobre la solvencia de la empresa promotora del megaparque solar Almansa 1, a la controvertida línea de alta tensión de 36 kilómetros de longitud diseñada entre los términos de Vallada, la Font de la Figuera, Moixent y Montesa se le presenta en el horizonte un frente judicial que podría representar otro escollo más para la actuación, a la que apenas le queda un mes de plazo para conseguir los últimos permisos.

La Audiencia Nacional ha acordado remitir a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid el recurso interpuesto por Acció Ecologista-Agró y la Associació de Voluntaris de la Natura de Moixent (Asvona) contra las resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica que otorgaron a SPV Figsel Trade, SL la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental favorable para las instalaciones, en 2023.

Competencia cuestiona la línea de alta tensión que cruzará cuatro municipios de la Costera

Si bien en un primer momento la impugnación se dirigió a la Audiencia Nacional, este órgano se ha declarado incompetente para abordar el procedimiento y, a través de un auto publicado recientemente, ha declarado que le corresponde al TSJ madrileño decidir sobre su contenido.

Las entidades ecologistas no encontraron respuesta alguna a sus alegaciones por parte del ministerio, por lo que, al entender que las mismas habían quedado desestimadas por silencio administrativo, decidieron acudir a los tribunales.

El recurso pivota sobre cuatro argumentos para tratar de hacer ver la inviabilidad de la propuesta. El primero es la saturación de infraestructuras en el estrecho valle por el que se diseña la línea de alta tensión, por el que discurren una autovía con sus vías de servicio y afecciones legales; dos líneas de ferrocarril, tres líneas de alta tensión, el trasvase Júcar Vinalopó, el gasoducto Albacete–Montesa o la futura presa de Montesa, en fase de redacción del proyecto.

Vallada, La Font, Moixent y Montesa defienden su territorio frente a la línea de alta tensión

El segundo son los defectos que observan las asociaciones denunciantes en la Declaración de Impacto ambiental, que no respondió a las alegaciones formuladas por diversos colectivos y vecinos, incumpliendo -según el recurso- la ley de evaluación ambiental. Además, señalan que no existe ningún estudio que analice los efectos acumulativos de la infraestructura de evacuación de energía planteada, que la promotora aceptó modificar para enterrarla en varios de sus tramos con tal de reducir e impacto.

Las entidades impugnantes también echan en falta un "estudio de alternativas menos gravosas" para los municipios afectados y sostienen que no se ha justificado el rechazo a otras posibles opciones. Por último, denuncian que la acumulación de infraestructuras en la zona "limita y resta competitividad a la agricultura y al resto de sectores económicos", lo que a su juicio contravendría la ley.

En su pronunciamiento, la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional recalca que únicamente se encarga de aquellos recursos "contra actos de los ministros y secretarios de Estado cuando rectifican en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional". Las resoluciones recurridas, sin embargo, fueron dictadas por la Dirección General de Política Energética y Minas y la Secretaría de Estado correspondiente no las rectificó, por lo que -según lo estipulado por la ley, corresponde al TSJ de Madrid asumir el proceso.

Mientras tanto, a la promotora se le agota el plazo para recabar la autorización definitiva de la macroplanta solar. Si no presenta la documentacióno antes del 25 de julio, los permisos recabados hasta el momento podrían perder su validez, según las fuentes consultadas.

El ministerio autoriza la línea de alta tensión desde Almansa hasta Montesa

Como avanzó este diario en abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) frenó la línea de alta tensión al no acreditar la empresa la capacidad económica suficiente como para ejecutar la millonaria inversión prevista. A ello se suman las dudas sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la declaración de impacto ambiental.

Acció Ecologista-Agró no se fía

Pese a todo ello, desde Acció Ecologista-Agró no se fían y continúan adelante con la vía judicial. "Cabe la posibilidad de que puedan dar una prórroga extraordinaria o de que se quede el proyecto otra empresa", apuntan desde el colectivo en la Costera.

En mayo, los alcaldes de los municipios de la comarca afectados por el trazado eléctrico, salieron rezumando optimismo de su última reunión en el Ministerio de Transición Ecológica al ser informados de que a la promotora todavía le quedaban trámites por completar y que tendría que "correr mucho" para poder cumplir los plazos.

Por otra parte, Adif acaba de sacar a concurso por 2 millones de euros el suministro de autotransformadores de aislamiento seco para los centros de autotransformación del área eléctrica de la subestación de tracción de Montesa, en el tramo ferroviario Valencia–La Encina. El contrato forma parte de las obras del nuevo acceso ferroviario Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana–Región de Murcia.